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Llama la atención que colaboradores del gobernador yucateco Rolando Zapata, se empeñen en meterlo al Club de los Perseguidos. Pareciera que el objetivo final es incluirlo entre los perseguidos por cuestiones de falta de transparencia en la adquisición de equipos de comunicación al pagar precios exorbitantes. Las compras de esos equipos de radiocomunicación, se realizan en un marco exagerado de opacidad.
Los pagos por radios y terminales están sobre valuados, al grado que erogar recursos de hasta un 300 por ciento mayor al precio que equipos de mayor calidad tienen el mercado comercial. Operaciones similares, se realizan en el estado de Nuevo león donde Jaime “El Bronco” Rodríguez está engañado por colaboradores que buscan obtener grandes dividendos. Solamente es cuestión de que ambos mandatarios sometan a una revisión las compras del ramo y encontrarán que hay dolo y pésimas decisiones al adquirir esos equipos. En el estado de Yucatán se han gastado, que no invertido, más de mil 500 millones de pesos en el denominado “Escudo Yucatán”. Un dato revelador es el de que, sin licitación alguna, se adjudicaron cerca de 500 millones de pesos  en el más amplio secreto. Situación que se asemeja a lo que ocurre en el norteño nuevo León, donde empresas como TSN ha conseguido elevados contratos millonarios con precios elevados vía adjudicación directa. Resulta curioso que en cada una de ambas entidades la erogación sea cercana a los 400 millones de pesos bajo el mismo sistema. Para ejemplo, un botón: por un radio portátil se pagan 70 mil pesos, cuando el costo promedio en el mercado es de menos de la mitad. La Ley de Adquisiciones no es una norma que sea tomada en cuenta por los encargados de adquirir esos equipos de comunicación, con lo cual meten en serios problemas a los gobernadores de esas dos entidades que ni enterados están del pingue negocio que se hace a sus espaldas. Lo dicho, algunos de sus colaboradores buscan el beneficio propio, sin reparar en el daño político y financiero que ocasionan a los mandatarios estatales. Da la impresión que buscan afanosamente ponerlos al nivel del ex gobernador Javier Duarte, Tomás Yarrington y comparsas que los acompañan. Algo severamente cuestionable en estas épocas en que la rendición de cuentas y las adquisiciones transparentes debieran ser un ejercicio cotidiano para evitar problemas con la justicia. Está claro que empleados menores quieren a toda costa empañar la imagen de sus gobernadores. Y vaya que lo están logrando.