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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

Las familias de los desaparecidos no han tenido ni siquiera derecho al duelo.

La creación de la Fiscalía General que sustituirá a la PGR y el nombramiento de su responsable se ha convertido en un asunto estratégico para el nuevo gobierno por el riesgo de que lo rebase la demanda de justicia de las víctimas sin tener respuesta institucional a la violencia y la corrupción. La exigua capacidad del Estado para enfrentar esa exigencia es una de las mayores debilidades de su oferta de pacificación, como demostraron los foros Escucha, con el rechazo al perdón de millones por la impunidad y qué en el caso de las familias de desaparecidos no han tenido ni siquiera derecho al duelo.

El próximo gobierno heredará una infraestructura de procuración de justicia incapaz de investigar los delitos y con desconfianza generalizada por la indiferencia y la omisión de sucesivos gobiernos y que en el extremo han utilizado a la PGR como instrumento político para bloquear averiguaciones y perseguir adversarios, como en la campaña contra el candidato presidencial panista Ricardo Anaya. El Ministerio Público es desde hace cuatro años un sonámbulo por la falta de definiciones y la postergación de la discusión de reformas, como la Ley Orgánica de la Nueva Fiscalía, que se requieren para su creación.

Ahora, el gobierno electo quiere apretar el paso y se fija la fecha del 13 de noviembre para sacarla adelante en el Congreso, bajo la urgencia de contar con el nuevo marco jurídico cuando López Obrador tome posesión el 1 de diciembre. No obstante, esa pretensión, la construcción de la Nueva Fiscalía partiría de cero y según el dictamen tendría un plazo de nueve años de transición para que la PGR cierre sus casos y se extinga. También que nacería sin la autonomía del Ejecutivo que han demandado organizaciones civiles de #Fiscalíaquesirva y, finalmente, aceptaron por el argumento de falta de tiempo para la reforma constitucional.

Los últimos años de gran inestabilidad en la PGR (tres procuradores en el sexenio y uno encargado de despacho) son también los del repunte de los delitos. Tan sólo 2017 es considerado el año más violento en la historia contemporánea con 33.6 millones de delitos, según la Envipe de Inegi, pero de ellos sólo en el 6.8% de los casos se abrió una averiguación. Este año podría superar al anterior. Por ello, la primera preocupación de la construcción de la Nueva Fiscalía es que no profundice el vacío en la procuración de justicia que reduzca todavía más la capacidad de investigación y persecución del ilícito.

La Nueva Fiscalía es también piedra de toque para la creación de la Fiscalía Anticorrupción y el funcionamiento del SNA para perseguir delitos del mundo de la política que la actual PGR ha demostrado también ser incapaz de investigar casos como Odebrecht, la Estafa Maestra del actual gobierno federal o consolidar acusaciones contra media docena de gobernadores acusados de desviación de recursos en el sexenio de Peña Nieto. La premura abre el riesgo de que la fiscalía surja sin el paquete de reformas a otras leyes o con contradicciones con cambios en la ley orgánica de la administración pública y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, a la que se dará la facultad de dictar la política criminal. La armonización entre la seguridad pública y la procuración de justicia es imprescindible para el funcionamiento del combate al crimen, así como nuevos mecanismos de comisiones de la verdad para investigar crímenes emblemáticos como la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.

Además, el camino no parece estar asfaltado por el cuestionamiento de organizaciones civiles al dictamen que se discutirá en los próximos días, a pesar de que participaron en la elaboración de la iniciativa de Morena. Las ONG’s alegan que el documento es distinto al que trabajaron con el equipo de transición y presentó la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, e implicaría retrocesos respecto al modelo de fiscalía previamente acordado. Su principal crítica que no garantiza un proceso de transición adecuado que rompa con la ineficacia y malas prácticas de la PGR. ¿Significaría esto seguir como estamos? ¿Cambiar para dejarlo igual?