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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El mayor proceso de drogas en Estados Unidos en décadas contra Joaquín El Chapo Guzmán servirá políticamente para dibujar la imagen de un país brutal y corrompido hasta las máximas esferas gubernamentales. La representación de una nación dominada por la violencia criminal se reforzará también con el estreno coincidente de la nueva zaga de Narcos, de Netflix, en la que toca el turno a la historia de los capos mexicanos que reemplazan a los colombianos como los mayores introductores de heroína y empresarios que amasan fortunas a través de sobornos, asesinato de rivales y negocios ilícitos. Un “western” colorido con los estereotipos de Trump sobre los mexicanos para señalar gobiernos fallidos, aunque se ajusten a la estrategia anti-droga de su país.

Desde el inicio del proceso, la estrategia apunta a los más altos niveles gubernamentales con acusaciones sobre sobornos de
El Mayo Zambada a Calderón y Peña Nieto a cambio de protección para el líder del Cártel de Sinaloa, como probaría no haber pisado nunca la cárcel. De esa trama de la defensa se infieren los obstáculos para el “éxito” de la “guerra contra el narco”, mientras el poder político ofrezca cobertura a los cárteles y pierda la seguridad a manos del narco. La respuesta de ambos presidentes a esas afirmaciones de corrupción, “falsas y temerarias”, fue inmediata, pero lo que será más difícil desmentir es el fracaso de las estrategias de ambos gobiernos para contener la violencia y el crecimiento del crimen.

El espectáculo del juicio coincide con el momento más crítico de espiral de inseguridad en el país (2018, el año más violento de la historia moderna), pero, sobre todo, cuando se tambalea el modelo de seguridad y el marco jurídico que pretende regularizar la actividad de los militares en tareas policiacas de investigación y persecución de la delincuencia. El voto de la mayoría de los ministros de la SCJN contra la Ley de Seguridad Interior debilita la cobertura legal; por ejemplo, para la idea de crear mandos especiales a cargo de militares en tareas de seguridad que coordinen fuerzas y fiscales civiles en investigación y persecución del delito que competen sólo al MP. La anulación de la ley aún necesitaría de 2 votos en la SCJN, pero el cuestionamiento judicial sobre la violación a derechos humanos es ya un apercibimiento sobre el alcance de la participación de los militares en el modelo de seguridad del próximo gobierno.

En todo caso, la confrontación en la Corte evidencia la mayor pérdida de confianza en esa estrategia de “guerra contra el narco”, cuyos costos en sangre suman más de 240,000 muertos en una década y más de 37,000 desaparecidos, y que serían muy difíciles de sostener para cualquier institucionalidad democrática. Al tiempo que la detención y proceso al Chapo y otros líderes de cárteles mexicanos se vuelve un asunto más bien simbólico porque esa estrategia ha sido incapaz también de frenar su expansión o el del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es la “principal amenaza narcotraficante criminal”, según la DEA.

El espectáculo de Chapo en Nueva York se produce también cuando se dispara la crisis de opiáceos en Estados Unidos con un aumento de 21% en 2016, respecto al año anterior, en muertes por sobredosis, con cargo a los cárteles latinoamericanos, y particularmente mexicanos, que se benefician de la expansión de ese mercado. El combate al tráfico de heroína es central en la política antinarcóticos estadunidense, pero el gobierno de Trump aún carece de seguridad suficiente de la colaboración con el gobierno de López Obrador respecto al que han tenido con las anteriores administraciones.

La imagen de un país con la seguridad en ruinas y las instituciones de justicia colapsadas que se pinta en el juicio del Chapo resultará una presión adicional para el próximo gobierno, que aún tiene que definir su modelo de seguridad y convencer de su capacidad para pacificar un país en el que la “guerra contra el narco” arrasa con la sociedad, aunque los cárteles sirvan también para exculpar por el fracaso.