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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

La narrativa del nuevo gobierno empieza con movimientos para marcar distancia con las prioridades de sus antecesores y significar una diferente forma de hacer política, sobre todo de comunicar. Si el sexenio de Peña Nieto comenzó con el Pacto por México una agenda de cambios entre las cúpulas partidistas, el de López Obrador escogió a las víctimas de la violencia del caso Iguala para su primer acto de autoridad. El Ejecutivo ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en un gesto sin precedente con los familiares, con lo que busca posicionar una imagen de alejamiento con las élites políticas o económicas y comunicar el mensaje de qué va primero en el orden de su atención. Al menos en los anuncios simbólicos y la ilusión del cambio.

La trama de significados que acompañan sus actos ha recibido tanta dedicación como el contenido de las iniciativas. La primera línea simbólica, abrir la administración en su nueva sede de Palacio Nacional para mostrar no sólo que tiene las “riendas del poder en las manos” —como dijo López Obrador en su primera conferencia de prensa matutina—, sino que también lo ejerce desde el corazón o el Zócalo histórico de los poderes en el país. Ahí mismo, anunciar la recompra de bonos del NAIM para cancelar los contratos con los constructores, como otro de los mayores gestos de ruptura con la principal obra del gobierno anterior y, sobre todo, de nuevos términos de relación con el poder económico o, al menos, con una parte. Y también, en su primer día, la venta del avión presidencial, convertido, cuasi, en icono de privilegios y fueros del viejo mundo de la política.

Los anuncios escogidos para la instalación del nuevo gobierno comparten el interés por el rating mediático y tienen como referente a esos potenciales adversarios a los que López Obrador alude como intereses “conservadores que se frotan las manos de que su gobierno fracase”. Por eso, en la defensa de sus nuevas formas de hacer política hay un mensaje implícito de confrontación. Los avisos diarios desde las conferencias de prensa mañaneras con que establece la agenda mediática, como hiciera desde el Gobierno de la CDMX, parecieran tener el objetivo de mantener la ilusión en el cambio cotidiano, aunque asoman los potenciales conflictos y se apuntan presuntos adversarios.

La Comisión de la Verdad para Ayotzinapa es una adecuada repuesta a una demanda de víctimas y familias, pero qué oportunidad real de esclarecer lo sucedido cuatro años después. El esquema financiero para cubrir los compromisos con los constructores disminuye riesgos a corto plazo, pero el gobierno pierde recursos y liquidez con la operación. La venta del avión presidencial se celebra como el adiós a los privilegios de la clase política. Sobre todo, los anuncios no alcanzan para ocultar los potenciales conflictos en el arranque de su gobierno. Más allá de la ilusión de los cambios, los retos de la nueva política que ofrece tendrán que medirse en el corto plazo en la resolución del enfrentamiento con gobernadores; el Poder Judicial, por la rebaja de salarios y amparos de personal de la judicatura y magistrados, así como las demandas del nuevo aeropuerto.

La confrontación es aún de baja intensidad y acuerdos como dejar a los gobernadores el control de la seguridad en sus estados quitan presión en el arranque. Pero otros, como la reducción salarial a los funcionarios públicos por la política de austeridad o los amparos de medio millar de magistrados del Poder Judicial generan incertidumbre y auguran una curva de aprendizaje larga de la nueva administración, a pesar de las prisas del cambio.

Las mayores resistencias están aún por venir con el anuncio del presupuesto, en el que se reflejará, finalmente, cuáles son realmente las prioridades y hasta dónde la nueva política irá más allá de los anuncios mediáticos. Por lo pronto, el nuevo gobierno, a diferencia de sus antecesores, da muestras de que entiende que gobernar es ¡comunicar!