COMPARTIR

105 total views, 1 views today

NÙMERO CERO/ EXCELSIOR

El plan de austeridad es una de las mayores zonas de turbulencia en que transita el nuevo gobierno. No es la única, son varias las perturbaciones entre las promesas y respuestas políticas a problemas reales, que incluso parecieran reacciones sin plan ni preparación suficiente. También, la curva de aprendizaje es pronunciada, pero en su juego de fuerzas con el Poder Judicial por la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos lo que está en juego es conocer su compromiso para la solución de los conflictos a través de las instituciones.

¿En qué consiste la forma diferente de hacer política, además de la voluntad de cercanía y consulta permanentemente a la ciudadanía? ¿Arrinconar a otros poderes? El “choque” con el Judicial por los salarios e independencia de magistrados y jueces puede dar pistas, por ejemplo, de las amenazas que advertía el exministro José Ramón Cossío, en su discurso al despedirse de la Corte cuando dijo que “la justicia constitucional puede morir, así como muere la democracia, cuando no somos capaces de generar todos los elementos para reforzarla”.

La confrontación con la Corte es una de las primeras pruebas del nuevo gobierno para ver actuar su nueva política para fortalecer o reparar la ruina de la Justicia en que encuentra al país y dar vida a la máxima lopezobradorista acerca de que “nadie está por encima ni al margen de la ley”, especialmente en el respeto a la división de poderes, base del pacto federal. No es la única, repito otro indicio es la negativa de Morena a usar su mayoría para construir una Fiscalía autónoma. Pero en el caso de la Ley de Remuneraciones, la intervención en las cosas del gobierno y negocios del Estado puede derivar en una crisis constitucional, aunque la impugnación formal del fallo de la Corte mantiene el litigio en la vía legal.

Las diferencias entre poderes son normales en democracia, incluso el hecho inédito de que magistrados y jueces se pronuncien públicamente o se amparen contra el programa de austeridad del gobierno y avalado por el Congreso. Hasta ahí nadie está fuera del terreno de juego en que el conflicto sale de los marcos de lo predictible, a pesar, incluso, otra vez, del exabrupto desorbitado del senador morenista Félix Salgado Macedonio amenazando con solicitar al presidente López Obrador la liquidación e integración de nuevos ministros.

El momento complicado y decisivo para conocer el límite de la resistencia al acoso estará en el respeto de la suspensión de la ley para la elaboración del presupuesto 2019; o si, como ha amenazado Morena en el Congreso, lo desacatará bajo el argumento de que ninguna orden judicial puede estar por encima del mandato constitucional del tope salarial por debajo del Presidente.

Lo grave del lance para la Justicia constitucional, para citar nuevamente al exministro Cossío, es que se imponga el criterio del “gobierno legítimo y mayoritario” para empujar el programa de austeridad sobre otros poderes, en medio de un contexto de ataques al Poder Judicial por su renuencia a sumarse a la rebaja del salario de sus funcionarios. Las descalificaciones por la corrupción entre jueces y magistrados o emolumentos excesivos generan un contexto de debilitamiento del Poder Judicial, cuando finalmente tocará a la Corte dirimir el posible conflicto con el Ejecutivo y el Congreso.

El presidente López Obrador ha dicho que estará hoy en el último informe del presidente de la Corte, Luis María Aguilar, donde seguramente escuchará reivindicaciones de la autonomía e independencia del Judicial. El acto puede abrir la puerta para el diálogo como único medio para resolver el conflicto entre poderes, como recomendó la secretaria de Gobernación, quien está llamada a ser interlocutora privilegiada para transitar esta vía. Es el camino, incluso para impulsar reformas al Poder Judicial que ya han comenzado con iniciativas en el Senado a la Ley Orgánica del Poder Judicial con mecanismos de control de confianza y rotación de jueces para evitar corrupción. Nadie duda de la necesidad de reformas en el Poder Judicial, pero ninguna puede pasar por debilitar su autonomía.