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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

Lo menos que puede decirse del cambio de gobierno de 2018 es que despierta más interés, tanto como temor que otras veces, incluida la alternancia en el 2000, que acabó con la vieja estabilidad de la hegemonía del PRI. “Afortunado el que vive tiempos interesantes”, la sentencia del fin de año. La coalición que llegó al poder con López Obrador tiene una oportunidad histórica de hacer transformaciones, pero también el riesgo de descomponerse si desdeña el camino de la precaria institucionalidad y legalidad. 2019 se ofrece como un año decisivo para el futuro, tanto como incierto, por las incógnitas de filosofía y rutas de la 4T de su máximo guía.

Las posibilidades del cambio se abrieron en las urnas con los millones de votos en contra de seguir en la misma inercia y del statu quo; o en el envés de ese mandato, el castigo a la partidocracia y el modelo económico de las últimas décadas. El reclamo ya ha arrancado respuestas, como el acuerdo gobierno-IP para la mayor elevación del salario mínimo en 25 años o el giro social del Presupuesto 2019 para contestar a las expectativas hacia el nuevo gobierno. Se trata de acciones con las que logra diferenciarse de los anteriores, a sólo 15 días en el poder, pero en otros temas sigue una ruta que profundiza estrategias de sus predecesores, como la militarización de la seguridad pública, contrario a sus promesas de campaña.

El Presupuesto 2019 ha ayudado a develar el rumbo del gobierno en su primer año, que estará marcado por la austeridad y una redistribución de recursos, aun sin esperar a que la economía crezca más allá del limitado promedio de 2% de los últimos años. Su motivación, corregir las “violaciones hasta los derechos humanos” de la política salarial por la pérdida de poder adquisitivo de las pasadas tres décadas. En este punto es clara la pretensión de distinguirse del anterior modelo “neoliberal”, aunque sin menospreciar la estabilidad económica. Aquí va por una ruta de doble carril, confianza a los mercados y cambio en las prioridades de gobierno.

Pero los mensajes de la 4T no son unívocos respecto al pasado. El presidente urge a la creación de la Guardia Nacional bajo un “mando único, todas las responsabilidades y todas las facultades” de los militares, aunque ésa no fue parte de las promesas de Morena, como les recordó Tatiana Clouthier. La medida se implementará a través de las Coordinaciones Regionales de Seguridad Pública, a pesar de que aún no se aprueba la reforma constitucional que permita sacar del control civil la persecución del crimen como hoy obliga la Constitución. Tienen prisa por advertir las fisuras respecto del tema dentro de su propia coalición, como muestra la postura de la diputada morenista.

En este punto tampoco se diferencian en el discurso para persuadir al Congreso de acceder a la reforma constitucional y la presión a los gobernadores para sumar apoyos legislativos con qué alcanzar la mayoría calificada. Así, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, advirtió al Congreso que se retiraría la presencia militar en los estados de rechazarse la Guardia Nacional, en una presión similar a la empleada para aprobar la Ley de Seguridad Interior en la anterior Legislatura. Un embate que ya uso el Ejército para regularizar su presencia en las calles a sabiendas de que varios gobiernos estatales lo rechazarían y que la ciudadanía quedaría indefensa por la debilidad de las corporaciones policiacas.

En efecto, en materia de seguridad, el nuevo gobierno ahonda la misma fórmula en el combate al crimen, a pesar de que no hay evidencias de que reduzca la violencia, y por el contrario, refuerza el carácter punitivo incluso con reformas como la ampliación de la prisión preventiva y la flagrancia.

El análisis del desarrollo de estas paradojas es algo de la agenda que aguarda a esta columna para 2019.

Mientras tanto, aprovecho para enviar una feliz navidad a los lectores que le dan sentido, a la espera de encontrarlos de nuevo la primera semana del año, después de un descanso por las fiestas navideñas.