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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

La Guardia Nacional, como principal apuesta del nuevo gobierno contra la inseguridad, demuestra, una vez más, falta de preparación y medios para formular una política criminal de Estado con parámetros democráticos. La experiencia de los últimos sexenios en la solución militar en el combate al delito deja poco aprendizaje de los riesgos de esta vía para reducir la violencia, que en una década ha desembocado en una crisis de derechos humanos. Ninguna salida es fácil ante la grave crisis de inseguridad del país, menos aún rápida, pero el avance de la militarización de la seguridad empuja a un retroceso de la institucionalidad civil, pese a que el poder lo ejerzan los ciudadanos en las urnas.

La nueva corporación que sustituye a la principal agencia policiaca federal surge sin suficientes consensos entre las fuerzas políticas y organizaciones civiles, además de generar hondos cuestionamientos por parte de organismos internacionales de derechos humanos. Tras años de presión de la cúpula militar por regularizar su presencia en las calles, a la que llevó la incapacidad de los gobiernos civiles para garantizar la paz, la mayoría en el Congreso cedió finalmente ante el temor de que la violencia desborde al nuevo gobierno. En la práctica, ya había comenzado a integrarse como decisión tomada previo a su aprobación, con el reclutamiento de 50 mil soldados de los 120 mil que se espera inscribir al final del sexenio.

Con el apoyo del PRI, Morena superó la prohibición constitucional que ya antes había desechado la regularización de los militares en tareas de seguridad con la Ley de Seguridad Interior. Lo hace con un modelo para armar, sin articulación con la procuración de justicia, y que,
peor aún, ahora tendrá facultades de investigación como ministerio público. Pero, sobre todo, sin ajustarse a los controles y contrapesos de la democracia sobre la actuación de la autoridad en el uso legítimo de la fuerza. Queda por ver el papel de los tribunales, nacionales e internacionales, cuando reciban casos de investigaciones y detenidos que deben estar a cargo de una entidad civil. Incluso en organismos de derechos humanos, ¿podrá juzgarse como civil un cuerpo que legaliza la permanencia y control operativo de los militares en seguridad pública?

Y es que los cambios al proyecto original de mando militar para la Guardia Nacional ofrecen una débil defensa de los poderes civiles que, aunque participen en una Junta de Jefes del Estado Mayor con Ejército y Marina, verán relegados su autoridad y poder en la “programación y ejecución de funciones de seguridad” bajo responsabilidad de la Defensa. Es difícil encontrar experiencias exitosas de mandos bicéfalos, pero, sobre todo, adolece de mecanismos constitucionales de control externo sobre la Guardia Nacional y contrapesos institucionales para supervisar e intervenir en su operación, a diferencia de lo que ocurre con la Guardia Civil española o la Gendarmería Nacional francesa.

Las resistencias se concentran en la desconfianza por la concentración de poder en la cúpula militar, aunque sea una institución bien valorada en la opinión pública. Ese respaldo es lo que convenció a López Obrador de apostar por la formación de un nuevo cuerpo militarizado que pudiese mover contra el delito, sin las ataduras de la ineficiencia y corrupción de las policías, pero también sin hacerse cargo de que han sido perpetradores del crimen y que, sin controles democráticos, no hay cómo garantizar que se corrompan más allá de la voluntad política del máximo jefe de las Fuerzas Armadas para preservar su integridad.

En efecto, el Presidente ha querido presentarse como garante de su actuación con la responsabilidad de ofrecer un informe anual al Congreso sobre la Guardia Nacional, que, sin embargo, no podría citarlo a rendir cuentas sobre ella. Pero, sobre todo, porque la opacidad de los estamentos militares y las denuncias sobre su participación en violaciones a derechos humanos (tortura y desapariciones) sitúan la medida como otra oportunidad perdida para crear una política democrática contra el crimen.