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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

Uno de los problemas más difíciles de la democracia actual es el declive del compromiso político de los ciudadanos

La aprobación en el Congreso de la Guardia Nacional y del Fiscal General deja entre sus saldos una baja en la incidencia de las organizaciones civiles respecto a la repercusión de sus demandas y propuestas para resolver problemas públicos. En la era de la Cuarta Transformación, las organizaciones civiles son bienvenidas con reservas, poco atendidas, mucho menos tomadas como contrapeso del Ejecutivo o reformas legislativas como ocuparon en el pasado gobierno. Su menor peso en tomas de decisión refleja los cambios de equilibrio de las fuerzas políticas y el debilitamiento de la oposición, pero, sobre todo, la concentración del poder político para empujar sin detenerse en la crítica y el cuestionamiento social “extramuros” del mundo de la política.

En efecto, las voces de civiles, académicos y activistas que se alzaron contra la política de profundizar la militarización o que desenvainaron de nuevo el sable contra el #fiscalcarnal quedaron fuera del espacio de acuerdos políticos; y más llamativo aún de los oídos receptivos de la ciudadanía que tomaban sus causas para desplegar su molestia contra la política pública –o su ausencia– de los últimos gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Las reformas y designaciones del Ejecutivo pasaron con la aplanadora de la nueva mayoría y su alianza con el Partido Revolucionario Institucional, sin generar la atención e incluso el costo que tuvieron para administraciones anteriores.

Uno de los problemas más difíciles de la democracia hoy en día es el declive del compromiso político de los ciudadanos, que no se reduce ni a la participación electoral ni a consultas públicas. Exige causas, propuestas y contrapunto a la acción gubernamental. En los últimos años, en México, observamos un crecimiento de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), cuyas posturas en derechos humanos, anticorrupción y control de designaciones públicas fijaron nuevos límites al poder e incluso bloquearon decisiones, como la que pretendía Peña Nieto de dejar un fiscal que le cubriera las espaldas. Pero esto ha cambiado con la nueva mayoría en el Congreso y, sobre todo, por el temor a enfrentar un gobierno con el respaldo de 30 millones de votos sin la legitimidad cuestionada de otros anteriores.

Ahora, en una semana, a toda velocidad, en fast track (como denunciaron) el poder político operó para sacar adelante iniciativas largamente contenidas, como la que forzaba a regularizar la actuación de los militares en seguridad pública o el nombramiento de un fiscal cercano al círculo del presidente, como Gertz Manero, que las ONGs habían frenado con campañas como “Seguridad sin guerra” o contra el “Fiscal carnal”.

Respecto a la Guardia Nacional, su crítica fue contundente, pero la decisión parecía tomada antes de su aprobación desde la convocatoria de reclutamiento; y con la designación del fiscal, abandonaron el proceso por acusar “simulación”.

Entre la clase política, la menor energía de las ONGs se llega a celebrar con risas disimuladas, con cierto tono de ajuste de cuentas detrás del reclamo de querer suplantarlos en el trabajo legislativo. Pero olvidan que su debilitamiento no solamente afecta contrapesos, sino, de modo general, la consolidación de una cultura cívica que es indispensable para mejorar el compromiso político de la ciudadanía y la democracia.

Desde la campaña electoral se prefiguraba un cambio de circunstancias entre el mundo de la política y las ONGs. Entonces López Obrador confesó tener desconfianza hacia ellas y sus “iniciativas–simulación”. Por otra parte, éstas salieron divididas del proceso electoral por la partidización de algunas o la cercanía de otras con grupos de poder. Pocas otearon la relevancia de preservar su papel ante el surgimiento de una nueva mayoría en las urnas y la necesidad de contrapesos frente al peligro del abuso de poder.

Los cambios de las últimas décadas no pueden explicarse sin aportaciones de la sociedad civil, a las que ahora el cambio de circunstancias obliga a revisar estrategias para cumplir su rol de efectivo balance de poder. En efecto, el 1 de julio las urnas expresaron un rechazo a las instituciones del viejo régimen y ahí está el espacio para el compromiso ciudadano.