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Es complejo aplicar la Doctrina Estrada en un mundo interdependiente cuyo concepto de soberanía ha evolucionado

NÚMERO CERO/EXCELSIOR

La definición de López Obrador acerca de que la mejor política exterior es la interior choca con frecuencia con los acontecimientos. Hoy es intrincado separarlas. Esa postura en el caso de Venezuela se traduce en neutralidad para “no equivocarse”, pero difícilmente pueden mantenerse los asuntos del país lejos de la “interferencia” del exterior.

Su celo nacionalista puede rayar en importarle poco el mundo o no ver beneficio en meterse en conflictos de otros, incluso preferir no recargar la atribulada agenda interna, pero para el país es imposible estar al margen de lo que pasa en la globalización a riesgo de rezago o aislamiento.
El nuevo gobierno retrajo con fuerza la vieja Doctrina Estrada que, aunque plasmada en el 89 constitucional, delimita una política exterior que corresponde al contexto de principios del siglo XX, cuando la mujer aún no votaba, los viajes y el comercio con Europa o Estados Unidos se hacían por barco, el país tenía un Estado precario para enfrentar la intervención de las potencias.

Ese principio es mucho más complejo de aplicar en un mundo interdependiente en el que el concepto de soberanía ha evolucionado, como en los hechos se observa, por ejemplo, en situaciones como el juicio del Chapo en una Corte de Nueva York o la presión de Estados Unidos en la política salarial mexicana, y hasta una huelga de maquiladoras en Matamoros. Sobre todo, es difícil de armonizar con otro principio, el respeto a los derechos humanos, también consagrado constitucionalmente, aunque ya en este siglo.

Resulta paradójico que mientras el gobierno rechaza condenar la violación de derechos humanos en Venezuela bajo el escudo de la no intervención y autodeterminación, la presión estadunidense por los bajos salarios en México en la negociación del T-Mec derive en un conflicto laboral en Tamaulipas; el Fondo Monetario Internacional reclame mantener reformas estructurales internas so pena de menor crecimiento; o que el proceso al Chapo en Nueva York se convierta en un juicio al mundo de la política mexicana y el narco.

En efecto, en la época de la Doctrina Estrada las cadenas de producción no se habían deslocalizado más allá de las fronteras como en la actual industria automotriz y el narcotráfico no era un negocio transnacional; tampoco existían los acuerdos que obligan a los Estados a respetar derechos humanos y los hacen susceptibles de ser juzgados en la Corte Penal Internacional.

Todas estas cuestiones evidencian la transformación de los controles estatales que antes estaban restringidos a la soberanía nacional. Ahora no. Ejemplo, el impacto de los acuerdos del T-Mec en la política laboral y la nueva presión sindical por mejores salarios en la industria automotriz y autopartes en el Norte del país.

El pasado viernes, 48 maquiladoras de Matamoros estallaron una huelga en demanda de aumento salarial de 20 por ciento y un bono anual que se ajuste al incremento de 100% del salario mínimo en la frontera, tras los acuerdos del T-Mec para elevar el poder adquisitivo de los trabajadores de la industria automotriz a niveles más competitivos con sus similares estadunidenses.

Las autoridades han dejado correr el conflicto para que las empresas se ajusten y previsiblemente la demanda se extienda a otras plazas con presencia de la maquila, en vísperas de la revisión del T-Mec en el Congreso de Estados Unidos, donde los demócratas objetan la política laboral y salarial mexicana. En Canadá, sindicatos llaman también a boicotear autos de GM armados en México en una campaña contra la competencia desleal por los abismos salariales entre los tres países.

La internacionalización del crimen y el tráfico de drogas también abren espacios al enjuiciamiento mediático de estados, aunque las instituciones de justicia carezcan aún de jurisdicción universal. Es el caso del llamado juicio del siglo contra el Chapo, que se ha convertido en foro de denuncias hacia el mundo de la política mexicana capaz de salpicar expresidentes, como las acusaciones de soborno a Peña Nieto o sobre los responsables del asesinato del periodistas Javier Valdez. ¿Puede la Justicia mexicana alegar el concepto de la soberanía para no investigar las denuncias? ¿Puede México ser neutral?