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Ante el recientemente iniciado gobierno de López Obrador, que insiste en llamarse como “nuevo régimen”, el cual en poco tiempo ha cambiado muchas cosas que inciden en la economía, distinguiéndose de los anteriores en el sentido de que todo va a cambiar, que se acabó con la corrupción, que se va a realizar una llamada “Cuarta Transformación”, enfocada en reivindicar a las clases populares sacándolas de la pobreza, impulsando un nuevo enfoque en los programas sociales, redireccionándolos en un nuevo sistema de repartición de la riqueza, en dónde existe una nueva forma de gobernar basada en la figura del presidente López Obrador, quien tiene una cercanía inusitada con la ciudadanía a través de los medios de comunicación y la continuación de sus giras como si permaneciera en campaña. Ahora tenemos a los sectores productivos de la economía sin saber a ciencia cierta cómo reaccionar ante este nuevo entorno.

En efecto, ante el nuevo gobierno, el sector privado mexicano tiene una actitud de mucha cautela. Sí, debemos de considerar, que este sector generalmente se ha comportado con el gobierno con una especie de temor reverencial. Ahora, más que nunca, la iniciativa privada, viendo una gran fuerza política en AMLO, quien tiene un claro desdén por todo lo que tenga que ver con supervisión, control y balance de poder hacia su gobierno, no sabe, bien a bien, cómo llevar una relación de diálogo y comunicación efectiva con el nuevo gobierno, y en cuáles fines específicos se tiene que concentrar para desarrollar esa relación.

Sin querer ser exhaustivo, ni mucho menos dar directrices para algo que aún no se sabe cómo resolver, me atrevo en especular sobre algunas posibilidades de despejar este enigma.

Creo que, primeramente, el sector privado debe de hacer un ejercicio de profunda reflexión de cuáles son los temas sobre los cuales no deben jamás ceder si el gobierno actúa en determinadas direcciones. Por ejemplo, en aspectos relacionados con la propiedad privada y en espacios que atenten en contra de los derechos humanos y la democracia.

Pero tenemos en México situaciones en donde la iniciativa privada ha cedido en muchas ocasiones, principalmente en temas de Estado de Derecho, en donde considero que se tiene que actuar con mucho cuidado y firmeza, considerando que el nuevo gobierno ha dado claras señales de evitar las formas y trámites en aras de ser práctico a lo que considera como sus nobles fines.

Por ello, recomiendo considerar y desarrollar estos temas específicos:

1) Nunca ceder en cuestiones de propiedad privada y derechos humanos.

2) Ser siempre respetuoso y exigentes en el cumplimiento de la ley y del orden institucional.

3) Siempre mantener niveles de dialogo constante, pero proactivo, evitando, hasta donde sea posible, la confrontación, pero sin ceder en los aspectos esenciales enumerados.

4) Fijar la agenda del sector privado en base a una profunda autocrítica relacionada con los privilegios que los empresarios han gozado, y me refiero a los que han generado cotos y áreas protegidas en detrimento de la competitividad del país.

5) Colaborar con el régimen con una visión de hacer que el país prospere, pero sin detrimento de la competitividad y la generación de inversión y empleo.

6) Mantener e impulsar la existencia de una sociedad civil activa y exigente en promover la agenda democrática, con transparencia y rendición de cuentas.

El sector empresarial, así como la sociedad civil deben de tomar en cuenta las premisas anteriores y su gran responsabilidad de que son los principales factores para balancear el grandísimo poder político que nuestro presidente tiene, mismo que si se deja solo a la deriva de los múltiples intereses que existen a su alrededor, podemos caer en situaciones mucho peores de las que hemos tenido hasta la fecha, con una caída económica estrepitosa, con un demérito en el desarrollo de la democracia y aumento en la corrupción con formas diferentes y, sobre todo, en la pérdida de libertades.