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En la lucha contra los crímenes de odio hacia la mujer, el gobierno debe entender que se trata de un problema, sobre todo, de justicia.

La agenda legislativa en el Congreso es la del Ejecutivo en temas, entre otros, de seguridad, con la Guardia Nacional, y de Justicia, con prisión oficiosa y el catálogo de delitos graves. Las iniciativas están ordenadas según sus prioridades y un enfoque punitivo del delito de alto impacto más que a la confrontación contra el crimen organizado, a diferencia de las últimas dos administraciones.

No así con crímenes como el feminicidio, que más bien lo considera como un problema moral y consecuencia del crecimiento del divorcio en la sociedad mexicana. ¿Puede ser ésa la respuesta a las marchas de mujeres contra la violencia de género?

En declaraciones muy polémicas, el Presidente dio por concluida la guerra contra el narco. “Oficialmente, ya no hay guerra”, dijo para otra vez diferenciarse de sus antecesores y de la estrategia de persecución a los capos de los cárteles.

¿Qué significa? Por lo pronto, que la paz no llegará por desmantelar cárteles y previsiblemente implicaría una suerte de política de no agresión siempre que la violencia no desborde en sus luchas por el territorio. Pero, en cambio, cabe preguntar a dónde conduce su lectura de que el “elevadísimo crecimiento de divorcio, la pérdida de valores, como saldo del neoliberalismo”, es lo que produce el feminicidio. Como se desprende de sus dichos, ése no merece ser considerado delito grave.

Tanto en la lucha contra los delitos por el narco como en los crímenes de odio contra la mujer es imprescindible que el gobierno entienda que se trata de un problema, sobre todo, de justicia. Las políticas sociales y cambios culturales pueden tener incidencia, pero en estos y otros crímenes la política pública tiene que asentarse en la mejora de los procesos institucionales para investigar, perseguir y procurar justicia. Y en este punto le convendría a Andrés Manuel López Obrador voltear a ver la política del gobierno de la Ciudad de México para enfrentar la grave situación del feminicidio en la capital.

Desde 2017 se solicitó en la CDMX la declaración de alerta de género por la emergencia y limitaciones de la justicia para castigarlo. La gravedad del problema parte no de un asunto de moral pública, sino de la incapacidad de ministerios públicos para registrar denuncias. No hay condiciones institucionales para que las mujeres denuncien y eso explica por qué hoy sólo hay una averiguación, por ejemplo, de mujeres entre las 153 personas desaparecidas en el metro en los últimos cuatro años. Como lo ha denunciado la abogada Zue Valenzuela, en las instalaciones del Metro operan mafias dedicadas al secuestro de mujeres, que las levantan con sofisticadas técnicas de acoso o que se hacen pasar por sus parejas sentimentales.

Caben llamados moralizantes sobre el divorcio para responder a los feminicidios cuando las mujeres denuncian deficiencias en las instituciones de justicia porque “las denuncias no prosperan en los ministerios… los funcionarios y policías desvían la acusación hacia delitos menores, o bien, el proceso es burocrático que obliga a la víctima a desistir”, señalaron en marchas del fin de semana al Zócalo Capitalino.
Evidentemente, las amenazas en el Metro o los feminicidios infantiles en la zona conurbada del Edomex (el secuestro de Giselle, cuyo cuerpo fue encontrado en Ixtapaluca), no pueden explicarse –menos justificarse– por el deterioro de tejido social, el divorcio o el egoísmo del neoliberalismo. Tampoco la estrategia puede ser recuperar “valores fundamentales” para reducir la incidencia y eso lo sabe el gobierno de Claudia Sheinbaum. La primera respuesta pública frente a crímenes de odio es ofrecer cero tolerancia al abuso y violencia de género “aunque fuera solo un caso en esta ciudad”, como dijo Sheinbaum. Sobre todo, entender que la violencia contra la mujer no se ataca con dudosos mensajes de “moralización pública”, sino con la habilitación de ministerios públicos especializados, revisión adecuada de carpetas de investigación o indagar el modus operandi de redes de trata de personas. Es decir, con condiciones para que las mujeres recuperen la confianza en la justicia para denunciar.