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La prisión oficiosa saturará las cárceles de reos sin acceso a la justicia y favorecerá los mecanismos de impunidad.

NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

A cada intento por justiciar, el Estado de derecho muestra su estado de desnaturalización. De poco sirve prometer su rescate, a pesar de expresiones de voluntad política del Presidente. La decisión de un juez federal de otorgar a Carlos Romero Deschamps suspensión definitiva contra cualquier posible orden de aprehensión es legalizar la impunidad como último paso para desactivar la justicia. Si no es así, ¿cómo entender entonces que alguien pueda estar protegido hasta de escuchar cargos como si la ley no pudiera tocarlo, cuando se denuncian delitos graves como enriquecimiento inexplicable y corrupción en el caso del sempiterno líder petrolero?

El efecto de la degradación en la cualidad de la impunidad llega al punto de la risa al ver a un señalado pública y reiteradamente por corrupción pasear indiferentemente sin rendir cuentas por tiempo indefinido. El juez primero de distrito con sede en Naucalpan, Aurelio Damián Magaña, le concedió la protección porque el fiscal general, Alejandro Gertz, y el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya no le quisieron informar si, efectivamente, existía una orden de captura en su contra, como antes había revelado López Obrador. Su actuación no sólo confirma la práctica de abogados, fiscales y jueces de “estirar” (tergiversar) las normas hasta la inaplicación de la ley, sino también el autismo que padecen juzgadores ante causas de alto impacto social como la desviación de recursos públicos, la asociación delictuosa y hasta el huachicoleo que, entre otras razones, ha llevado a la ruina de Pemex.

El huachicoleo es prioridad en el combate gubernamental contra la corrupción, no así su promesa de limpiar la empresa de arriba hacia abajo. Porque, a pesar de esas promesas, hay mecanismos legales que sirven como patentes de corso a quienes puedan pagar un buen abogado para detener en cualquier momento el avance institucional de la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas que, también deshabilitados, quedan reducidos a enunciados de la justicia. Y, sobre todo, se convierten en ejemplo de desigualdad ante la ley porque la “salvaguarda” depende de la capacidad de negociarla con habilidad jurídica no para conocer un estatus legal, sino para burlar la ley. Sin embargo, no hay iniciativa para modificar la ley de amparo, y en cambio, la opción que se mira es ampliar la prisión oficiosa.

Así pasó en el proceso del exgobernador Rodrigo Medina, en Nuevo León, con sendos amparos para evadir comparecer ante la justicia, las acusaciones contra Emilio Lozoya por Odebrecht y muchos otros que hoy el gobierno ofrece reabrir, pero sin explicar cómo hará operar a la justicia. Dice Gertz que sin resultados de casos emblemáticos como estos, la justicia no recuperará la credibilidad, pero tampoco eso se logrará sólo con voluntad política ni con volver a empezar las investigaciones desde cero.

Tampoco la prisión preventiva y ampliación del catálogo de delitos que impulsa el gobierno sirven para hacer más estricta la ley y cerrar la puerta a mecanismos que la socavan. Se quejan de que los casi 500 detenidos por huachicoleo en el actual gobierno han sido liberados y, por ello, exigen incluirlo como grave, pero no reparan en la incapacidad de los fiscales para sustentar las acusaciones ni en flagrancia. La prisión oficiosa sólo logrará saturar las cárceles de reos sin acceso a la justicia y permitirá a los mecanismos de la impunidad no llevar nunca a prisión a personajes como Romero Deschamps o Lozoya.

Una exigencia para mejorar la procuración de justicia es eliminar del amparo la suspensión contra un procedimiento judicial. ¿Podría imaginarse que, por ejemplo, el juicio de El Chapo en NY se hubiera interrumpido por un recurso de un juez ajeno al proceso? Sería inconcebible. Tanto como ver que las nuevas denuncias que trabajadores petroleros presentaron contra Deschamps en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por enriquecimiento ilícito pueden nunca escucharlas como cargos en un tribunal. La fiscalía puede recurrir a la suspensión, pero un tribunal colegiado tardará meses o años en resolver un recurso que finalmente anula la promesa presidencial de limpiar las escaleras de la corrupción de arriba para abajo.