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Al reiterar que de ninguna manera se quiere engañar a la sociedad o a las víctimas presentando a la prisión preventiva oficiosa como la panacea o varita mágica que resolvera el enorme déficit de justicia e impunidad que existe en el país, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, reconoció que se ira enfrentando distintos aspectos del sistema de justicia.

En comunicado de prensa, informó que el dictamen sobre prisión preventiva oficiosa, en donde se incluirán las conclusiones de cuatro audiencias públicas que permitieron analizar el Artículo 19 constitucional, podría ser votado la semana entrante.

Dijo desconocer qué pasará con el dictamen, pero está claro que se requiere mayoría calificada para su aprobación, “no se puede aprobar por consigna porque en una Reforma Constitucional se tienen que construir acuerdos con las otras fuerzas…. Entonces no creo que pueda haber consiga en otros partidos políticos”.

Las opciones son: ir con el dictamen actual y que se incorporen en el Pleno los delitos que generen dos terceras partes de la votación; que se haga caso al Senado y se apruebe la minuta en sus términos, es decir que sean nueve; o respetar el acuerdo, tomar la minuta y aprobarla.

Sin embargo, reconoció que las audiencias generan una opción, que es la posibilidad de ir al Artículo 16 constitucional, pero se tiene que revisar un poco más lo que se hará con el 19.

De considerar la opción del 16, explicó, podría leerse que en lugar de dar al Estado más instrumentos para acabar con la impunidad se va en sentido contrario, “que ya no hay delitos con prisión preventiva oficiosa y que todos los va a determinar un juez. Tenemos que ser cuidadosos en esos balances”.

Delgado Carrillo precisó existen delitos que por su gravedad merecen medidas de mayor fuerza y es justamente en la Constitución donde deben establecerse las modalidades, y los que se adicionan son de alto impacto, de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además de que responden al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad, añadió.

Y destacó la necesidad de establecer la prisión preventiva que permita hacer efectivo el combate a delitos especialmente graves, como el aumento exponencial en el robo al autotransporte y al comercio.