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Al clausurar la mesa de análisis “Desplazamiento interno forzado en México, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, diputados, funcionarios, académicos, sociedad civil y víctimas de este fenómeno resaltaron la necesidad de atenderlo de manera urgente y fortalecer el enfoque preventivo, no sólo reactivo, e identificar a desplazados potenciales.

La diputada petista, Maricruz Roblero Gordillo secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, destacó que la atención del fenómeno no parte de cero, toda vez que “existe un marco normativo e institucional que debe movilizarse y articularse”.

Durante las conclusiones de la mesa de análisis, la legisladora precisó que se deben perfeccionar las fuentes de información de mayor relevancia cuantitativa; robustecer el enfoque preventivo, no solamente reactivo, e identificar a los desplazados potenciales. Asimismo, reconocer que el desplazamiento es un proceso de larga duración causado por diversos factores.

El secretario general del Consejo Nacional de Población, Carlos Javier Echarri, pidió cooperación al Poder Legislativo para emprender los cambios normativos que hagan falta y expresó su compromiso a trabajar arduamente en la atención a esta problemática.

Durante la mesa de análisis, dijo, se concluyó que deben existir responsabilidades compartidas entre el Ejecutivo, Legislativo y diferentes órdenes de gobierno, por lo que resulta importante tener conciencia, por un lado, de la multicausalidad, como la violencia, cambio climático, fenómenos hidrometeorológicos, cuestiones étnicas y religiosas, e incluso proyectos de desarrollo.

También es preciso considerar la urgencia de atender a las víctimas de forma inmediata; trabajar de manera interinstitucional y, sobre todo, “voltear a ver lo que ha hecho la sociedad civil, que es quien ha atendido ante la ausencia de mecanismos precisos por parte del Estado”.

Asimismo, analizar las experiencias internacionales, tomar en cuenta la diversidad de la población desplazada; tener perspectiva de género y cubrir las necesidades específicas.

Previamente, durante las mesas de análisis, Édgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), enfatizó que hace falta una Ley general de desplazamiento forzado interno que dé el marco para el desarrollo de todas las políticas públicas, aunada al Plan Nacional de Desarrollo.

Comentó que la CNDH tiene una propuesta de ley, con base en una estrategia nacional, que incluye prevención, asistencia, y protección de personas desplazadas y medidas para lograr soluciones duraderas, “si no se tratan estos tres ejes, por más que se quiera no llegaremos a ningún lado”.

Josep Herreros, en representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, estimó que el diseño de un marco legal debe ir de manera paralela con uno institucional y resaltó que también harían falta recursos para la atención.

En cuanto al marco legislativo, indicó que requiere cumplir principios básicos como: materializar la obligación del gobierno en la respuesta e identificar dónde están los vacíos y las necesidades y reconocer los recursos disponibles en la estructura del Estado. También, dijo, debe haber participación efectiva de la población desplazada mediante procesos establecidos de consulta y visión integral de las diferentes fases de los desplazamientos.