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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

• El nacimiento de la GN subraya la prioridad de apoyarse en las Fuerzas Armadas para gobernar.

La designación del general Luis Rodríguez Bucio en la Guardia Nacional (GN) ha sido una doble respuesta de fuerza de López Obrador. La primera, fortalecer el mando militar ante la grave crisis de seguridad pública. La segunda, ignorar la exigencia de la oposición de mando civil para votar la reforma que creó el nuevo cuerpo de policía castrense. La iniciativa al Congreso del mandatario apuesta por un claro perfil militar como la única opción contra la violencia y el crimen que heredó de anteriores gobiernos.

La GN a la medida del Ejecutivo es un triunfo del Presidente, pero ahora cargará solo con la responsabilidad del resultado, en particular si profundizan la guerra interna y el debilitamiento de las instituciones civiles. El nacimiento de la corporación en medio de ruptura de consensos con la oposición subraya la prioridad de apoyarse en las Fuerzas Armadas para gobernar. La constante presencia del general Luis Cresencio Sandoval en Palacio Nacional lo adelantaba, junto con la campaña presidencial a favor del ejército como la institución más confiable para evitar que la criminalidad rebase al Estado, a pesar de que antes se ofreciera hasta su vuelta a los cuarteles.

La apuesta presidencial tiene costos políticos que requieren la maximización del compromiso y coordinación del Estado, como demuestra el aumento de 21 a 45 de las zonas más violentas en 16 estados del país. En el primer trimestre se registraron oficialmente más de 7,000 homicidios y 2019 se perfila como el año más violento en cuatro sexenios, aunque el Presidente lo confronte y diga que logra contener la criminalidad.

Ante la dimensión del reto, es aún más preocupante la visión confrontada de una ley aprobada por consenso y de la que una parte se dice engañada. La oposición celebró el acuerdo como un triunfo de la vía civil sobre la militarización de la seguridad pública, pero su visión no concuerda con el nombramiento de un militar en activo. Reclama que no se apega a la reforma constitucional, pero los transitorios de la ley que suscribieron abre esa facultad al Presidente. Rodríguez Bucio se retirará en agosto y parece difícil que prosperara su impugnación ante la Corte.

Incluso la objeción de mando bicéfalo por su pertenencia a la Defensa difícilmente se sostendrá después de agosto, cuando dejará de tener como superior jerárquico al secretario de la Defensa. Cuestión distinta es la influencia del Ejército en el nuevo cuerpo, pese a su adscripción administrativa a territorio civil, por las nuevas facultades que da la ley en el manejo y operación de la seguridad pública. Quienes sí tienen claro el nuevo poder de la reforma es la cúpula militar. El secretario de la Defensa Nacional recordó que con las nuevas leyes ya no necesitarán a las policías civiles para sus nuevas tareas de seguridad pública, incluso para presentar a los delincuentes ante el Ministerio Público. La reconfiguración de la seguridad pública tendrá efectos en la réplica del modelo en los estados y sus consecuencias rebasan la temporalidad de un sexenio. Tras una década de encabezar el combate al narco, la reforma profundiza su intervención en la vida pública y exhibe la debilidad de las instituciones civiles para asegurar la gobernabilidad.

La apuesta no deja de generar dudas. La peor hipótesis es que la estrategia responda a la necesidad del gobierno de ponerse a salvo de la inseguridad sin garantizar ese derecho a la ciudadanía, o incluso peor, aumentar la desprotección de derechos humanos. Pero lo más preocupante es la división por la respuesta de la fuerza en un tema que ningún Poder puede resolver solo.