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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

¿El Estado tiene capacidad técnica, administrativa y recursos para acometer todos sus proyectos?

El denominador de las decisiones de la 4T en proyectos de obra pública insignia del gobierno como la Refinería de Dos Bocas, el NAIM o el Transístmico, es que se toman en clave de la determinación política del presidente López Obrador. De su osadía para mostrar el atrevimiento de cambiar las formas de hacer política y las políticas respecto a los gobiernos neoliberales bajo la obsesión de recuperar al viejo Estado como constructor, palanca de desarrollo y asidero del antiguo poder presidencial. De su voluntad, de la de nadie más.

La cancelación del NAIM y ahora encargar a Pemex y Sener la construcción en Dos Bocas responde, ante todo, a la idea fija de demostrar que hay otras formas de gobernar casi hasta confundirse con una perturbación anímica. Un pensamiento recurrente que condiciona una actitud para rescatar el “poder del Estado” y una profunda desconfianza con contratistas nacionales y extranjeros. Si cancelar el NAIM fue un mensaje del poder presidencial sobre los intereses particulares, la refinería es otro “reto histórico” para el “renacer de la ingeniería petrolera mexicana” y oportunidad para dejar atrás esa “mentalidad perezosa que decía que no podemos ni debemos” (Rocío Nahle dixit) y que menguó la confianza en el poder público en la noche neoliberal.

Es decir, otra oportunidad para separar el poder político del económico. Así, de un plumazo, por decreto, el Estado se convierte en el constructor del país. La Defensa hará el aeropuerto de Santa Lucía; Fonatur, los trenes y Pemex, la refinería. Si se apoya mucho en el Ejército es porque es profesional y honesto. Para desarrollar el corredor transístmico asegura que no habrá inversión extranjera, a pesar de la apertura a contratistas de países con acuerdos comerciales que garantizan su participación en igualdad de trato y condiciones que nacionales.
Las premisas de esas decisiones son constantes: el Estado puede y debe garantizar la soberanía nacional. Las críticas que advierten riesgos, ignorancia y necedad en esas decisiones son una oportunidad para que el poder público se revitalice con los retos y devuelva prestigio y reputación a la figura presidencial. La pregunta obvia es ¿el Estado tiene capacidad técnica, administrativa y recursos para acometer todos esos proyectos? Cuando funcionarios de su gobierno han respondido negativamente, han salido desautorizados.

En su gesta personal por el regreso del Estado, López Obrador tiene a su favor la escasa obra pública en los últimos gobiernos y la caída de inversión en infraestructura a niveles de la posguerra, así como la corrupción con privados en el capitalismo de amigos que se instaló con Peña Nieto y firmas como Grupo Higa, OHL y Odebrecht. También la revitalización de políticas nacionalistas y proteccionistas bajo apelación a la seguridad nacional como justifica por ejemplo Trump los aranceles al acero, aluminio y tomate con México.

Pero no tiene todas consigo. Primero por la imposibilidad del Estado de hacer solo esas obras sin endeudarse, arriesgar la calificación de Pemex con el consumo de recursos en Dos Bocas sin tasa de retorno de la inversión, y empujar la nota de riesgo país contra la precaria salud de las finanzas públicas. El crecimiento de la deuda que le dejaron y el castigo a la inversión provoca que su gobierno gaste casi lo mismo en ambos conceptos. Y sobre todo por el castigo de los mercados a cada decisión política que mina la confianza de los inversionistas.

El pararrayos de Hacienda tiene clara la zona de turbulencias financieras que se abre cuando ya había advertido la inviabilidad de Dos Bocas, aunque esta vez nadie ha abierto la boca. Saben que convertir la economía en el terreno del cambio político es arriesgado, más si se quiere hacer de golpe, ni plan ni estrategia. Aunque también que el silencio no es respuesta para la reacción de los mercados.