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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

Las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa vuelven a protestar frente a la nueva FGR, una imagen que se repite desde el sexenio anterior y, por lo visto, acompaña también al actual. Los desaparecidos son la “peor herencia” del pasado de Peña Nieto, dice López Obrador, pero la justificación no calma a las víctimas y reclaman resultados. El caso Iguala es una historia sin fin que no se mueve en las fiscalías, sino en sótanos de delación y filtración de las cadenas de complicidades y encubrimientos de la justicia, como prueba un nuevo video divulgado en redes de tortura a un inculpado.

El nuevo gobierno levantó esperanzas entre las víctimas de Ayotzinapa con la creación, por decreto presidencial, de una Comisión de la Verdad, integrada por familiares y expertos, para retomar la investigación de la PGR, CIDH y GIEI. Pero a seis meses de distancia, la resolución del caso está más lejos por el nulo avance y vicios incólumes del expediente y, sobre todo, por no llamar a cuentas a los responsables señalados de frenarla y violentar el debido proceso de la administración pasada. Las víctimas comienzan a no ver diferencia con el gobierno anterior, como gritaron ante el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo informe apenas empieza a dimensionar el tamaño de esta tragedia. La desesperación es evidente en el gesto de una madre que se arrodilló para rogar al Presidente encontrar a su hijo. La tensión con la FGR también aumenta y apenas ayer nombraron a un fiscal especial, después de tres meses de descarte de perfiles.

La política de “borrón y cuenta nueva” choca cuando se ha prometido rescatar a la justicia, pero no resiste crímenes como el caso Ayotzinapa y la crisis de derechos humanos que revela. Tampoco se puede sostener por mucho tiempo que los desaparecidos son prioridad y excusarse en la herencia maldita frente a la falta de resultados. Más complicado aún es reconocer la tragedia y, en un doble discurso, seguir el guion del pasado para refutar la práctica de la tortura y malos tratos como habitual en la justicia. Basta recordar el rechazo de las víctimas al “olvido no, perdón sí” de López Obrador en los foros de pacificación de la transición gubernamental, que de origen marcó el tono de las expectativas de justicia hacia el nuevo gobierno.

En sentido contrario a la eficacia de la fiscalía, al caso lo mueven jalones de delación y filtración desde el anonimato de las redes con la difusión de un video de tortura a uno de los detenidos, Carlos Canto, durante un interrogatorio. Un ofrecimiento concreto para repudiar la herencia de la “verdad histórica” que permanece desde el gobierno de Peña Nieto y que el nuevo no ha podido tumbar hasta ahora con otra explicación de la desaparición de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula. Y quizá nunca pueda.

El caso de Canto fue documentado en el informe de la ONU-DH, Doble Injusticia: informe sobre las violaciones de derechos humanos en la investigación de Ayotzinapa, pero la denuncia de tortura no fue recogida por la PGR ni por la CNDH entre las que sí aceptaron en la investigación. Ahora el video corrobora esa versión y podría invalidar el proceso contra una treintena de detenidos sometidos a tortura en las indagatorias, en caso de que la fiscalía decida incorporarlo como prueba. Es otra descalificación a la posición oficial de rechazar el uso generalizado de esa práctica y, como los gobiernos anteriores, atribuirla a casos aislados de la justicia y que van a la baja, como hizo en abril pasado ante el Comité contra la Tortura de la ONU.

El caso Ayotzinapa vuelve a desafiar la verdad histórica que marcó al sexenio de Peña Nieto, pero pocos cambios de fondo se ven en la actuación de la justicia con una nueva fiscalía autónoma y acciones para impedir la tortura como sancionar a los responsables. Ayotzinapa es una tortura para las víctimas y detenidos, para la justicia y el gobierno… para todos, menos para los responsables.