COMPARTIR

102 total views, 1 views today

NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El gobierno de López Obrador tiene la idea política fija de que la 4T tiene que estar lista en su primer año, porque después crece el desgaste del poder y la resistencia, pero, en el apresuramiento, hay costos, como el conflicto de la Policía Federal o frenar la economía. Tiene prisa y no se detiene en costos. La reforma a la seguridad es acelerada y reactiva frente a los mayores registros de violencia de la historia moderna. El apuro y la falta de planeación tienen alto precio en funciones de Estado que, como en el combate al crimen, lo atrofian. ¿Cuántas instituciones y responsabilidades públicas están como “elefante reumático”, no sólo por ineficiencias del pasado —como califica el Presidente—, sino también por recortes indiscriminados?

Pero, lo dicho, en 2019 deben quedar las bases de la 4T y extirpar la corrupción, aunque se pare la marcha del país y la máquina del Estado se descomponga.

Desde una de las agrupaciones más vilipendiadas, la Policía Federal, se realizaron bloqueos en sus principales sedes del país y cuarteles para rechazar incorporarse a la Guardia Nacional. El motín no estaba en el guion del inicio del nuevo cuerpo de seguridad militarizado, con una ley apenas aprobada y sin tiempo para la preparación y capacitación. Pero con la responsabilidad de dar resultados rápidos por recaer en ella el futuro de la 4T, como les dijo López Obrador en su presentación en el Campo Marte.

La PFP es un botón de muestra de una larga lista de grupos afectados por la reagrupación de secretarías, eliminación de programas, despidos y recortes salariales, sin proyecto claro y debatido públicamente para motivar las acciones y rendir cuentas. Se presentan como juicios normativos contra la corrupción y privilegios bajo imperativos morales como “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”. Sin espacio para análisis y planeación, se sigue la estrategia de cerrar llaves de recursos en el sector público para identificar la corrupción a través de las resistencias al “cambio”. Algo parecido al combate al huachicol, aunque el Estado no es un sistema de ductos perforados, sino garante de derechos. Para comprobar la hipótesis, la protesta de la PFP se explica como resistencia a transformarse porque “estaba echada a perder”.

La política de austeridad ha sido la principal estrategia de este gobierno y los ahorros, la vía para traspasar a otras prioridades sociales e infraestructura. Su intención de reducir el tamaño del Estado es clara. No así los instrumentos, la ruta y lineamientos, menos el costo institucional y la racionalización de la función pública. ¿Qué implica reducir seis mil plazas de altos mandos o la salida de 21 mil funcionarios? Poco importa si se cree que el gobierno funciona sin ellos.

Pero la remodelación del Estado para extirpar la corrupción endémica en solo un año, como dijo en el Zócalo, no es una cuestión sólo de dejar de suministrar gasolina para detener la máquina y ver quién salta del auto como tácito inculpado en ella. Tampoco de “sentido común”, sino de racionalidad de las reformas. Por ejemplo, en el caso de la PFP, la exigencia de conservar un bono es parte de la más amplia incertidumbre jurídica por su paso a la Guardia.

En efecto, el apresuramiento produjo un diseño institucional confuso y contradictorio en cuanto a cadenas de mando entre civiles y militares, coordinación con policías locales, responsabilidades y procesos administrativos que amenazan con dejar a su interior efectivos de primera y de segunda. La entrada en operaciones al “vapor” también afecta condiciones laborales, infraestructura y hasta de hospedaje sin sedes más que el cuartel militar.

Sin diagnósticos e instrumentos adecuados, el hacha de los recortes se bate en cualquier dirección sin quererse acotar a normas y conceptos racionales. Un día apuntaría hasta la desaparición del Ejército, otro a una nueva “vuelta de tuerca” de la austeridad. El costo de frenar el país para desmontar a las instituciones es tan alto que pone en riesgo incluso las bases de la 4T.