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Número cero/EXCELSIOR

La crisis política en Baja California es una alerta sobre la erosión de la democracia y el malestar con sus instituciones, que ya antes se había manifestado en 2018 en el voto de castigo contra la clase política y la corrupción. Es grave porque supone aceptar que las reglas del juego democrático pueden cambiarse en cualquier momento a modo del liderazgo político, da igual sea de un partido que de otro. Y es más preocupante aún por mostrar la disposición entre el mundo político de violentar las leyes con cargo a la inconformidad social y justificar acciones antidemocráticas porque lo “pide la gente”.

La reforma del Congreso local para ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, obliga a preguntar, ¿cómo llegó la democracia mexicana a este punto tras décadas de construirse alrededor del respeto al voto? La respuesta es fundamental no sólo por si hubo o no línea presidencial —el temor de que sea un ensayo de intentonas reeleccionistas de López Obrador en 2024—, sino también para calar el deterioro de la confianza y el riesgo de conculcarse a través de representantes surgido del sufragio, como en casos recientes en América Latina. Por eso era necesaria una condena del Presidente, más allá de su explicación de la vergüenza que le daría si lo hubiese ordenado.

Este “golpe legislativo” contra la legalidad en el Estado y la Constitución se desmontará por vías políticas y jurídicas por la amplia condena y los resortes democráticos de la Corte y el TEPJF. Los partidos conforman un frente en contra en el Congreso federal. Pero ello no conjura el peligro del uso de mayorías de cualquier partido, sin distinción, para trocar las reglas. En BC fue Morena, PAN y PRI, en alianza aceitada por la corrupción. Mañana quién sabe, pero hoy es una muestra de la fragilidad de la democracia, como otras menguadas por “golpes suaves” en Brasil, Argentina, Honduras o Venezuela. Ahí, campañas de desprestigio contra las instituciones y la clase política han generado condiciones para tumbar gobiernos a través de maniobras parlamentarias que las deslegitiman y desestabilizan.

Aquí también llevan años recibiendo el impacto de la corrupción, movilización, protesta y campañas de desprestigio que tienen en mínimos la confianza ciudadana hacia la democracia. El tsunami electoral de López Obrador fue una muestra del hartazgo con el statu quo y posible última llamada a encauzar el cambio pacífico por las urnas, pero acciones como BC revelan que la inconformidad también sirve para manipular las leyes. La gente está cansada y es “una locura elecciones cada dos años”, dijo la líder de Morena, Yeidckol Polevnsky, para defender la reforma a pesar de restricciones constitucionales que, por su parte, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, trata de desconocer porque la vigencia del mandato no viene en la boleta.

En efecto, posturas como ésas en apoyo a la maniobra legislativa desnudan que una de las mayores amenazas es la falta de compromiso democrático de partidos y autoridades, muchos de sus integrantes, hombres de negocios, como Bonilla, que ven el Estado como botín. Uno de los problemas de la transición es que se llenó de políticos en busca de servirse del poder, como parece el caso de Bonilla, que, en menos de un año, pasó de senador, superdelegado y gobernador electo, desde el mundo de los negocios incluso en EU, y que hoy, frente a la reforma, sólo atina a decir que “quiere mantener todas sus opciones abiertas”.

La maniobra para ampliar el mandato no es una reelección, “pero se parece mucho”, decía Cuauhtémoc Cárdenas, tras saltar a la yugular de los partidos que apoyaron el “golpe legislativo”. Nadie va a ganar nada de este episodio, la reforma divide posturas en Morena y los partidos de oposición preparan la expulsión a sus diputados locales. Los hace parecer a todos iguales y pega en la confianza al gobierno de López Obrador, que se ostenta como diferente. A Bonilla le recorta la legitimidad de las urnas con aun menor tiempo para rescatarla. Pero si hay perdedores, otra vez, es la democracia, porque el “golpe legislativo” rompe fundamentos del Estado de derecho.