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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

Una acusación de fraude administrativo de un viejo litigio civil mucho antes de ser el primer fiscal anticorrupción en el país, Ernesto Canales, lo suma a la pasarela de líderes sindicales, abogados, empresarios y políticos bajo reflectores judiciales de notables personajes públicos. Un juez le concedió suspender la orden de aprehensión, un recurso similar al que le impidió meter a la cárcel a Rodrigo Medina y a muchos otros más hoy impunes de esos cargos. Pero lo importante de su caso es la sintomatología de la enfermedad de la justicia en que, como los escándalos actuales, el poder o los poderosos promueven expedientes que nunca se cierran, de los que nadie resulta sancionado, ni liberado del eterno estatus de las cuentas “pendientes”… (y por cobrar).

Gracias a la detención del “abogado del poder”, Juan Collado, el suyo pasó a segundo plano. Pero su caso viene a cuentas no por el daño al patrimonio público de otros, sino por las interrogantes sobre la eficacia de la larga lista de investigaciones por corrupción que a diario azotan a la opinión pública como el visible enriquecimiento de Romero Deschamps desde el liderazgo sindical en Pemex o Emilio Lozoya por Odebrecht y Nitrogenados. ¿También quedarán por resolverse o terminarse, a pesar de la alarma pública que estos y otros reciben del gobierno de López Obrador por su promesa anticorrupción? ¿Serán expedientes abiertos al igual que las acusaciones contra 11 gobernadores en los últimos 10 años, en que sólo 4 han alcanzado sentencia, hasta que algún día resulte conveniente reactivarlos como ocurrió a Canales?

El rechazo de López Obrador de dar “golpes” de efecto con la detención de algún “enemigo público” es un reconocimiento del agotamiento de ese recurso de legitimación política de la justicia de otros sexenios con ejemplos como la Quina o Elba Esther Gordillo. Pero el desfile de carpetas de investigación, sin que nada pase, tampoco sirve para creer en el fin de los “intocables” de la justicia, menos aún cuando la autoridad cuenta con más recursos legales y técnicos para seguir la ruta del dinero en perjuicio de recursos públicos y mucho mayor poder para saltar la “puerta giratoria” de la cárcel con la prisión oficiosa y delitos reclasificados para atajar la corrupción como lavado, cohecho y asociación delictuosa.

Como puede verse en la detención de Collado o las acusaciones contra Lozoya o Deschamps, la coordinación entre la UIF y la FGR es más eficiente que en el pasado en casos de corrupción. Sus indagatorias han servido para identificar redes de lavado, asegurar cuentas y operaciones irregulares de transferencias financieras como las del líder petrolero y familiares suyos, pero hasta ahora apenas dan para exhibir públicamente a los acusados o enviar mensajes contra la impunidad u otras pretensiones políticas, incluida la extorsión personal o en renegociación de contratos colectivos y otras.

El discurso está muy lejos de las pruebas para creer en la voluntad real de atacar la impunidad, aunque el freno se achaque a los jueces. ¿Qué detiene a la justicia?

Canales, como impulsor de la Reforma Penal, cree que no habría conocido una orden de aprehensión sin audiencia previa de haber existido los juicios orales hace 10 años, cuando lo demandó Paula Cusi como su defensor en el juicio testamentario del exmarido, Emilio Azcárraga. Los legisladores que votaron la prisión oficiosa, en reversa da la Reforma Penal, creyeron imprescindible aumentar el poder de la fiscalía para atacar la impunidad con cárcel sin juicio. Y el gobierno de López Obrador parece creer que basta con acusar y exhibir a presuntos corruptos sin necesidad de pruebas ni juicio, aunque los procesos, como siempre, nunca se cierren. Quizá el juicio mediático es su lectura de la justicia pronta y expedita, y cabría decirse ajustada a la austeridad, porque, además permite reducir presupuestos de ministerios públicos, investigación y aparato judicial. En cualquier caso, la hora de la justicia no parece llegar con la 4T.