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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lamentó la liberación de personas inculpadas en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Por medio de un comunicado, el organismo insistió en la necesidad de que todos los procesos penales iniciados se fortalezcan probatoriamente para que las nuevas consignaciones que se presenten se hagan de manera más sólida y mejor estructurada.

Por medio de un comunicado, la CNDH hizo un llamado a las instituciones federales para tomar las claves que se detallan y relacionan en la recomendación 15VG/2018 para encontrar nuevas rutas que logren consignaciones efectivas, de igual manera indica que dicha recomendación emitida en noviembre de 2018 aún no ha sido atendida ni cumplida.

El riesgo de que las inconsistencias y fallas en las investigaciones y procesos penales pudiera propiciar la liberación de los presuntos responsables, fue señalado por este organismo nacional desde julio de 2015 y ratificado en la recomendación que por violaciones graves a los derechos humanos se emitió en noviembre de 2018″, aseveró.

Ante esto, el organismo manifestó que es urgente que la actual Fiscalía General de la República (FGR) actúe para subsanar tales situaciones, “fortaleciendo, reencauzando o iniciando nuevos procesos penales, debidamente sustentados, que permitan reaprehender a quienes siendo responsables hubiesen sido liberados”.

Manifestó que el hecho de que algunas de las pruebas existentes en el expediente se haya determinado que jurídicamente no son válidas, debido a que se habrían obtenido de manera indebida en la indagación, no resta valor ni anula el resto de evidencias.

De igual manera, puntualizó, que se haya determinado iniciar nuevas investigaciones no implica que se dejen de lado los elementos y resultados de las realizadas previamente, o que se abandonen los procesos iniciados con base en las mismas.

Reiteró la necesidad de que se de cumplimiento y se atienda lo contenido en la Recomendación 15VG/2018. “En particular, deben seguirse las líneas de investigación que ahí se plantean y llevarse a cabo diligencias que podrían redefinir el sentido de todo el caso y los delitos por los que los presuntos responsables tendrían que responder, como lo son los exámenes genéticos a los múltiples fragmentos óseos que se encontraron y que, inexplicablemente, siguen sin llevarse a cabo”.

Finalmente, el organismo expresó que la verdad en el Caso Iguala es una “y no puede estar sujeta a coyunturas o intereses de ninguna índole, más que al compromiso de que las víctimas obtengan la justicia y reparación a la que tienen derecho”.

“La investigación de las posibles irregularidades u omisiones en las que diversos servidores públicos podrían haber incurrido durante su participación en las diligencias del caso, o de la laxitud de algunas resoluciones judiciales, no debe distraer la atención del objetivo prioritario que es el evitar que este asunto quede en la impunidad“, concluyó.