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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El cuadro de acciones militares y discursos políticos más o menos elásticos con que el gobierno actual y sus antecesores han intentado sujetar la violencia se desbarata por los cuatro costados. Los atentados contra la paz se suceden de un estado a otro y crecen las críticas a la estrategia de seguridad dentro y fuera del país. La política antinarcóticos vuelve a situarse en el centro de la agenda bilateral con EU, donde avanza la idea de reclasificar a los cárteles mexicanos como terroristas. Ése es el debate que ha abierto el presidente Trump y al que abonan sus tuits ofreciendo su ayuda para librar una “guerra” contra esas organizaciones en México tras la masacre de la familia LeBarón en Sonora.

Si la inseguridad acosa desde un principio al gobierno de López Obrador, el escenario se ha descompuesto las últimas semanas y lo coloca en el momento más difícil por tener que encarar el mensaje del miedo de la población que escala la violencia en crímenes de lesa humanidad. El caos que se percibe de ataques contra policías, militares y civiles de cárteles en Aguililla (Michoacán), Guerrero, Culiacán y ahora Sonora, ha puesto la crisis de inseguridad en la mira de Washington, de su gobierno, congresistas y políticos. Las críticas cada vez son más severas, desde tildar la oferta presidencial de “abrazos y no balazos” a los cárteles como una estrategia de “cuento de hadas” hasta decir que prefieren ir a un país en guerra, como Siria, que a México, para recalcar el dominio de los cárteles de partes del país, como señaló una fuerte editorial de WSJ sobre la “cartelización de México ¿EU presiona para mudar de la “guerra antinarco” a una contra el “terrorismo”?

Las preocupaciones de Trump y políticos republicanos y demócratas crecen en paralelo con la crisis del fentanilo, un opioide 50 veces más potente que la heroína y que es fabricado por los cárteles mexicanos. En esta crisis que azota a EU desde 2014, las organizaciones mexicanas ocupan la alerta roja en las estrategias antinarcóticos, no obstante que el fentanilo, incluso, lo producen laboratorios legales. Trump ha confesado que su gobierno está pensando “muy seriamente” en etiquetar a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Lo cual tendría hondas repercusiones en la relación bilateral, no sólo sicológicas, sino también políticas y económicas.

Esa reflexión ha tomado vuelos con la insurgencia delictiva del Cártel de Sinaloa y su demostración de fuego para obligar al gobierno a liberar a Ovidio Guzmán, sobre el que pesa una orden de extradición de EU; y ahora otro ataque que involucra a ciudadanos estadunidenses, como la familia LeBarón, que no ha dudado en calificar la masacre como un acto “terrorista criminal sin precedentes”. La idea gana adeptos en sectores de la inteligencia de EU, que creen que México debe cambiar su óptica ante el crimen organizado como terrorismo para recuperar el control perdido ante los cárteles. Sugieren crear unidades de inteligencia antiterrorista civiles, para lo cual serviría la colaboración del FBI, como han ofrecido las autoridades de EU para investigar el caso LeBarón bajo una nueva perspectiva. La FGR tendrá que decir qué ayuda requiere, ha dicho Ebrard, aunque un cambio así excedería sus competencias.

También en México crecen las críticas a la estrategia de seguridad y legisladores, incluso de Morena, como Lily Téllez, empatizan con la reclasificación de terrorismo, aunque los cárteles carezcan de motivaciones políticas o sociales a diferencia de organizaciones de este tipo. El gobierno desconfía de la ayuda de EU, aunque AMLO rechaza que haya un afán injerencista de Trump, porque la reclasificación tiene implicaciones, como sanciones a los gobiernos que no los combatan. Esto pondría en un predicamento políticas, como la de amnistía o de repliegue, como en Culiacán ante las amenazas del narco y el temor de perder vidas. En cualquier caso, EU fuerza al combate y a recuperar la legalidad en el país, y la pregunta es si el gobierno mexicano está listo para responder a las demandas.