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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

La insurgencia delictiva en varias regiones tiende un cerco al gobierno del Presidente, del que no encuentra la salida. A pesar de la numeralia oficial sobre la baja de algunos delitos, la capacidad de fuego del crimen desdibuja su plan de pacificación y la mayor visibilización de la violencia internacionaliza las fallas de su estrategia. Ante el nuevo involucramiento de la política estadunidense antinarcóticos, el Presidente tiene poco tiempo para tomar decisiones. La primera será definir qué hacer con este nuevo factor en el escenario político: la presión de Estados Unidos.

Las críticas a su política anticrimen se multiplicaron desde que el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, afirmara una baja de delitos, aumento de denuncias y más condenas en 2019 con la 4T, apenas tres días antes del fracaso del operativo Culiacán. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año ha disminuido 6.1% el número de delitos, pero, lejos de cambiar la percepción de violencia, se acentúa, ahora con el sentimiento de debilitamiento de las instituciones de seguridad ante una demostración de fuerza sin precedentes, del Cártel de Sinaloa para obligar al Estado a liberar a Ovidio Guzmán, eso más la masacre en descampado de los Lebarón, en Sonora. Los embates se reproducen en Chihuahua, Guerrero y Michoacán, también los ataques en espacios públicos y civiles.

Pero el gobierno no logra superar la crisis ni controlar los daños a su estrategia. El mensaje ha dado tumbos entre contradicciones y reafirmaciones acríticas de la estrategia con un “no nos van a desviar” que el Presidente reafirma cada día, once veces desde el fracaso de Culiacán. El saldo: el primer descalabro al respaldo presidencial y la internacionalización de la crisis de seguridad interna, particularmente la descalificación de la política de seguridad del gobierno mexicano por parte de congresistas de Washington.

El escenario cambió y el Presidente no quiere darse cuenta de que hoy afronta una escalada de la violencia por las amenazas a la población civil y la ruptura de un pacto informal de no agresión del crimen a las familias de militares. En efecto, entre los militares hay molestia por el deterioro de su imagen y la vulnerabilidad de su entorno. Las circunstancias cambian y no pueden revertirse con recursos similares a las administraciones pasadas. Las condiciones son otras. Como muestra, la propuesta en el Congreso de EU de perseguir a los cárteles como grupos terroristas, sin la necesidad de intervención, ni militarización del país.

Ante ello, el Presidente defiende que las Fuerzas Armadas cuentan con inteligencia, armamento y elementos para hacer frente al crimen organizado. Pero la declaración no servirá para convencer a Trump, congresistas y políticos estadunidenses de que no es necesario que ellos tengan que “contrarrestar sus balas (las del crimen) con nuestras balas, que son más grandes”, como dijo el senador Tom Cotton. En efecto, en Washington crece la idea de que México es incapaz de controlar a cárteles que en algunas regiones desplazan al Estado.

México ha rechazado esas tipologías desde 2006 para evitar reforzar las críticas políticas sobre el Estado fallido. También por ésa razón López Obrador rechaza la ayuda de Trump contra el crimen organizado. Sin embargo, poco puede hacer para evitar la reforma de sus leyes de Organizaciones Terroristas Extranjeras y la tentativa que abriría para obligar a México a combatirlas bajo esa denominación, o para que ellos los persigan con salvoconducto internacional. Pronto tendrá que tomar una posición, más allá del discurso, cuando le exijan combatir y dejar atrás la política de “abrazos, no balazos”, por lo que convendría que dejara una posición reactiva y redefiniera la naturaleza y el alcance de la colaboración con Estados Unidos, antes de que ellos impongan su visión.