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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

Si la política es el instrumento para reformar la ley o evitar la guerra, nada menos que eso podía esperarse del Senado en la elección en la CNDH. Algo anda mal, pero muy mal, en los excesos y soberbia política que permiten la protesta de la defensora de las víctimas de violaciones a derechos humanos en medio de escenas de violencia y acusaciones de fraude entre partidos y legisladores. Peor aun cuando las diferencias se precipitan en profundidad grande, imponente y peligrosa, como la de un cisma, sin política que alcance para cerrar la brecha de la confrontación.

La ruptura del orden legislativo no es un asunto menor en ningún caso del derecho parlamentario, mucho menos en el nombramiento del responsable de atender la institución en medio de la peor crisis de derechos humanos por la violencia y la pérdida de la paz en el país. La zacapela en el Senado para tomar protesta a Rosario Piedra, dentro de un cerco de Morena y sus aliados, son de esos episodios que abisman la democracia y suman precedentes que conducen a su deterioro. Y no por revelar motivaciones clasistas o racistas en los “empujones”, como quiso argüir Ricardo Monreal, sino por el fracaso de la política cuando los ganadores quieren tomar todo y están dispuestos a vulnerar las normas para poner a personas cercanas en los cargos públicos. El costo de violentar el proceso legislativo es debilitar las instituciones que permiten a la democracia resistir amenazas y tentaciones autoritarias, no al revés. La envenenan y terminan por recortar libertades a la ciudadanía.

La designación es la más controvertida en 30 años de la CNDH, por su cercanía con el Ejecutivo y con Morena, pero, sobre todo, porque, tras dos rondas de votaciones en el Senado, que obligarían a retirar la terna, se entronizó a Rosario Piedra con acusaciones de trampas para sumar la mayoría calificada que exige el nombramiento. Se trata, precisamente, de un mecanismo para asegurar el máximo consenso en que pueda caber la pluralidad y favorecer así la mayor independencia a un órgano autónomo y llamado a ser contrapeso “incómodo” de los otros poderes, como el papel de Luis Raúl González Pérez en su gestión que termina.

La renovación o sustituciones en los mandos de los órganos autónomos es uno de los mayores conflictos en esta administración con la oposición, que los debilita no sólo porque el partido hegemónico busque candidatos afines, como han hecho todos los partidos, sino por la disposición a remover el “obstáculo” del consenso por actos de fuerza, como pudimos observar con la CNDH. En su caso, la nueva titular tendrá que arrancar una nueva gestión con el desconocimiento de la segunda fuerza política y el riesgo de que el nombramiento se judicialice en tribunales locales e internacionales por acusaciones de fraude. La antítesis para el nacimiento de una institución que necesita fortaleza institucional y política para investigar violaciones de derechos humanos de las autoridades.

El mensaje de falta de contención es fatal. El Presidente ha dicho que no tiene el propósito de desaparecer los órganos autónomos, a los que, sin embargo, reclama prestarse a la simulación y estar subordinados a los designios de las cuotas y cuates que hicieron los partidos en el nombramiento de sus responsables. Sin embargo, la pérdida de legitimidad de la CNDH por la imposición de Rosario Piedra o la tentativa de reformar la ley para forzar la renovación del consejo del INE antes del plazo constitucional no son medidas para depurar sus fallas, sino avance rápido hacia su degradación.

Y, en última instancia, el mayor debilitamiento de toda esta clase de instituciones merma las condiciones para garantizar la persistencia de la democracia, que con desigual intensidad ha logrado evitar cambios violentos en la lucha por el poder en el país las últimas tres décadas. Los órganos autónomos han jugado un papel fundamental en ello por cumplir funciones que el viejo Estado autoritario no tenía credibilidad y confianza para llevar a cabo. Su deterioro degrada la política y deja al Estado a merced de ciudadanías descontentas y convencidas de que el uso de canales institucionales de presión o para transformar las cosas no surten efecto más que la fuerza.