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Número Cero/ EXCELSIOR

La política de pacificación se perfila como espacio de confrontación del que acaban por expulsarse a quienes no caben en el discurso de la 4T, aunque compartan el mismo objetivo de poner fin a la guerra de la última década. La desunión en este tema no es una buena noticia para la paz, y peor aún, la discordia es otro freno para reconciliar a las víctimas y superar los tiempos más violentos en la historia moderna, no obstante la promesa de López Obrador de conseguirlo como prioridad de su gobierno.

Cabe destacar que el debate sobre la estrategia es cuestión distinta a la politización de los esfuerzos de paz. Ésta es una reacción peligrosa que evidencia lo que está turbado o alterado ahí dentro. Puede comprenderse la molestia oficial por el señalado fracaso en recuperarla con decisiones muy cuestionadas como la Guardia Nacional y el combate al crimen con el cuerpo militarizado. Pero eso no justifica la construcción de enemigos internos cuando las diferencias afloran entre viejos compañeros en la ruta de la paz. “No es hora de protestar contra López Obrador, ahí estarán los que perdieron privilegios con la 4T”, le advierte el padre Solalinde desde su cercanía con el gobierno a su aliado en el activismo de derechos humanos.

Las críticas a la política de seguridad se acumulan a lo largo del año hasta rebosar en el llamado de volver a salir a las calles para exigir un alto a la violencia y un cambio en la estrategia contra el crimen (si la hay), como ambos activistas hicieran antes. El Presidente ha dado muestras del disgusto que le causa el tema, más cuando la crítica viene de una de las caras más visibles de la guerra contra el narco de sexenios anteriores y de las víctimas de la violencia; de un aliado de muchos del grupo en el poder en la denuncia de la peor crisis de derechos humanos en la historia moderna y de la repulsa a querer apagar “el fuego con el fuego”, como critica López Obrador de las estrategias de sus antecesores. Ahora, el desabrimiento causado en el paladar oficial se debe a que el posicionamiento del activista cambia la narrativa del “vamos bien” con la que se quiere dominar la realidad y evitar que la inseguridad siga contaminando su popularidad sin respuestas claras al problema. Desde el fracaso del culiacanazo y sus secuelas de terror, caos y violencia en otros estados, el mandatario ha caído unos 9 puntos de popularidad.

Lo que no debe aceptarse es romper los consensos que existían en la oposición al modelo de la guerra contra el narco por defender la aprobación presidencial. La izquierda hoy en el poder sabe desde que era oposición de las tradicionales divisiones en ella como fuente de debilitamiento, más aún los efectos devastadores de la exclusión y la estigmatización de las diferencias a su interior. Aislar o descalificar a la crítica obstaculiza el diálogo y rema contra los esfuerzos de paz, porque ello conduce a la radicalización de posturas como se observa de las campañas en redes sociales para desautorizar a Sicilia o los llamados a la inacción para no dañar el edificio de la 4T.

La preocupación oficial tendría que estar en el récord de homicidios en que cerrará 2019 como el más violento desde que se tienen registros, en vez de en desactivar una protesta contra los niveles de inseguridad. Menos aun con formas que alejan el diálogo y alimentan el ambiente de polarización que divide al Movimiento por la Paz y los consensos sobre la agenda de derechos humanos que antes procuraron todos desde la oposición. Quienes pierden son las víctimas, como se vio en las escenas de violencia en que se impuso a Rosario Piedra en la CNDH. Sobre todo el que se debilita es el propio gobierno porque la pacificación del país es un objetivo que no puede alcanzar sin el concurso de voluntades como un proyecto de Estado en el que quepan todos quienes quieran acabar con la guerra.