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Tras manifestar su beneplácito porque al fin avanza la procedencia de juicio político a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga por el desvío de miles de millones de pesos que aún hoy agravia y perjudica a la sociedad mexicana, la diputada federal del PRD, Verónica Juárez Piña, a nombre de su bancada demandó hacer lo propio con demás involucrados en la “estafa maestra” y con otros casos de corrupción.

Respecto a Robles, lamentó que el juicio político no haya sido tan luego que el mismo GPPRD presentó en 2013 la demanda correspondiente y que sea seis años después que se discuta en la Cámara de Diputados su procedencia, pues desde entonces era evidente el escandaloso desvío de recursos a su cargo.

Tanta fue la ilegalidad cometida que la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF), también desde 2013, presentó 15 denuncias ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) contra diversas dependencias involucradas.

Sobre estas denuncias, Juárez Piña demandó información del avance de las investigaciones durante la sesión de Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación donde hoy se aprobó la procedencia del juicio político a Robles.

Lo grave de éste y otros casos de corrupción –dijo la líder perredista- es la consecuente violación a Derechos Humanos de millones de mexicanos que, por ese desvío, no pueden acceder todavía hoy a bienes y servicios públicos a los que originalmente estaban destinados esos recursos.

Desde que Robles Berlanga estaba en funciones ya había cuestionamientos sobre su gestión, sus nombramientos de otros funcionarios, las anomalías de los padrones de supuestos beneficiarios de los programas sociales y su tráfico clientelar de recursos.

Sin embargo, la afrenta a la población fue mayúscula con el desvío de más de siete mil millones de pesos canalizados a través de universidades públicas que, sin tener facultades ni aptitudes para realizar y comercializar obras y servicios, cobraron mil millones de pesos de comisión por “subcontratar” a empresas, muchas de ellas inexistentes o “fantasma”.

Juárez Piña refirió trabajos periodísticos, como los de “Animal Político”, en los que se descubrió que otros mil 433 millones de pesos se desviaron a este tipo de empresas y que, descontando la comisión de las universidades, sólo una parte del resto sirvió para contratar algunos servicios y obras a precios exorbitantes y totalmente injustificados.

Todo esto –afirmó- “resultó ominoso porque laceró el interés público y afectó todos los ámbitos del ejercicio de los Derechos Humanos: la salud, la educación, la protección al medio ambiente y la propia justicia. Esta violación a los Derechos Humanos no resulta tan evidente pero tiene consecuencias que trascienden a la actualidad y, en muchas ocasiones, tienen afectaciones a futuro”.

“El PRD, sin duda, celebra que estemos aquí discutiendo este tema, avanzando en las peticiones que tienen las ciudadanas y los ciudadanos, y que este Poder ejerza sus funciones de control político con quienes en el pasado y –espero- en el presente abusen del servicio público en detrimento de los derechos de las mexicanas y los mexicanos”, expresó la legisladora por Jalisco.

Además de información sobre el avance de investigaciones sobre las denuncias presentadas por la ASF, pidió hacer lo propio respecto a los demás involucrados en la “estafa maestra” y otros casos de corrupción.

Especialmente respecto a quienes también tienen demandas de juicio político, pidió resolver a la brevedad, antes de que venzan los plazos de ley para darles trámite.