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Número cero/ EXCELSIOR

La intención de Trump de catalogar a cárteles mexicanos como terroristas mete presión al gobierno para dar resultados en la pacificación del país y sitúa su estrategia de seguridad como otro frente de la agenda bilateral.

Al presidente López Obrador se le acaba el tiempo para negociar los términos de la cooperación con Estados Unidos y evitar la confrontación política en el foco de la atención de la campaña electoral estadunidense.

“Cooperación, pero no intervencionismo”, ha contestado López Obrador, pero el amago de la lucha contra el terrorismo como prioridad de Estados Unidos pone contra las cuerdas su plan de pacificación de acciones erráticas y discursos políticos. México siempre ha rechazado esa etiqueta por el impacto político de una narrativa que refuerce el discurso más conservador de Washington sobre el Estado fallido, o al menos, de debilidad institucional incapaz de asegurar la gobernabilidad. Además de sus repercusiones jurídicas internacionales.

La reclasificación de los cárteles es una antigua idea que recorre el Capitolio y la Casa Blanca, pero que ha ganado consenso con el operativo fallido para la captura de Ovidio Guzmán en Sinaloa, reclamado por EU como una cabeza del cártel, y la masacre de los méxico-americanos LeBarón en Chihuahua, quienes también han elevado esa petición a Trump. Sobre todo por incredulidad en la estrategia de seguridad ante su poco éxito y el temor de que el gobierno sea rebasado por el crimen en la frontera con Estados Unidos.

La medida es vista como “inconveniente e innecesaria”, en calificativos del canciller Marcelo Ebrard, debido a que, desde hace una década, los cárteles mexicanos bajo Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narco (Ley Kingpin) son perseguidos con sanciones similares a los terroristas, por ejemplo, prohibir el apoyo material o congelar sus bienes. Pero, más allá de su eficacia para controlar el tráfico de drogas, el cartabón expresa una situación límite en la que las reglas de juego comienzan a cambiar en la relación bilateral en función de las prioridades políticas y electorales de Washington.

El gobierno de Trump pretende dar un paso más hacia el aislamiento político y financiero de los cárteles, pero sobre todo enviar un mensaje sobre su intención de inmiscuirse más en la seguridad ante los escasos resultados de la estrategia de “abrazos, no balazos” contra el crimen y los atentados contra la paz que se suceden de un estado a otro con ataques que aterrorizan a los civiles. Si México no protege a los estadunidenses dentro de su territorio, entonces Estados Unidos debe “tomar el asunto en sus manos”, ha dicho el senador republicano, Tom Cotton, tras la masacre de los LeBarón. Las señales de Washington apuntan cada vez más a intensificar su participación en operativos en México, mayor ya en los hechos y más difícil de contener a diferencia de la reciente crisis migratoria.

Ante los amagos de Trump y los consensos en EU, México busca oponer una “diplomacia de unidad”, Ebrard dixit, que sin embargo, tiene fisuras como mostraron los calificativos del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, sobre los cárteles como grupos “narcoterroristas”. No es el único frente interno, ni el mayor desafío al control de la agenda y narrativa del gobierno sobre la violencia.

La iniciativa de Trump muestra que la posición negociadora mexicana sobre cooperación en seguridad con EU se ha debilitado, ente otras razones, porque internamente ni siquiera permanecen los consensos sobre el modelo de seguridad. En ese plano, Javier Sicilia, una de las caras más visibles del Movimiento para la Paz, ha vuelto a llamar a la calle para pedir un alto a la violencia, en medio de reclamos al Presidente de abandonar la agenda de pacificación.

Las críticas, sin embargo, son repelidas como enemigos internos, que precisamente reman en contra de la diplomacia de unidad contra las pretensiones intervencionistas de Trump. ¿Es hora de abrir un debate interno serio y plural para recuperar acuerdos sobre la estrategia de paz?