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“Las autoridades electorales debemos plantear acciones para evitar la violencia política en contra de las mujeres, establecer medidas de protección, realizar análisis de riesgos, además de tipificar y sancionar la violencia que se pueda presentar”, aseguró la consejera electoral Carolina del Ángel Cruz durante la realización de un panel de reflexión en el que se abordó el tema de la violencia política registrada durante el pasado proceso electoral en los estados de Chiapas y Oaxaca.

Ante diversas (os) especialistas y activistas, la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, anticipó que la autoridad electoral capitalina establecerá distintas acciones para prevenir este tema en el próximo proceso comicial.

En el tema de paridad de género, no hay forma de dar marcha atrás, por el contrario, debemos aprender, conocer y visibilizar cuando se violentan los derechos de las mujeres, estableció la consejera Del Ángel Cruz.

En el evento denominado “Panel Casos de violencia política de género: Chiapas y Oaxaca”, la consejera refirió que eventos de este tipo culminarán el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, e invitó a conocer el protocolo que existe en la capital del país para hacer frente a esta situación.

El presidente del IECM, Mario Velázquez Miranda, sostuvo que hablar de violencia política de género no es una cuestión ajena o alejada de la realidad de la Ciudad de México, por ello se emitió un protocolo que previene, sanciona y busca erradicar la violencia hacia las mujeres.

Buscamos poder hablar de igualdad sustantiva y trabajar para alcanzar una participación, libre, igualitaria y alejada de violencia, externó.

Contar con protocolos permite dimensionar los casos que se están afrontando, toda vez que orientan y dan ruta para visibilizar la violencia hacia las mujeres, indicó Enrique Figueroa, magistrado de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al exponer distintos casos que se presentaron en la Sala Xalapa, el magistrado del TEPJF recordó el suscitado con una síndica en Santiago El Pinar, Chiapas, a la que no le pagaban sus dietas y no le permitían participar en las decisiones trascendentales. Junto con ese caso, mencionó otros existentes en Oaxaca, que iban desde la no recepción de incapacidades por licencias de maternidad, hasta el impedimento a participar en discusiones de cabildo o el pago de dietas.

El tema de paridad de género y erradicación de violencia política es un pendiente, por lo que deben seguirse buscando soluciones, sostuvo la consejera del Instituto Nacional Electoral, Beatriz Claudia Zavala Pérez. Este tema, dijo, ha sido definido como una epidemia global, por lo que necesitamos trabajar en conjunto para revertirlo.

Como ejemplo, informó que durante la pasada elección, en Chiapas se presentaron renuncias de mujeres en 32 ayuntamientos, luego 14 desistimientos para ocupar algún cargo, todos ellos presentados por mujeres. Sin embargo, evidenció como el Instituto Nacional Electoral adoptó determinaciones para que persistiera la selección o designación de mujeres a los cargos por parte de algunas fuerzas políticas.

La ex magistrada del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa, manifestó que todas las autoridades electorales cuando reciban una queja o solicitud de protección, deberían instrumentar mecanismos para identificar si están ante un caso de violencia, vulnerabilidad o discriminación por cuestiones de género. Dijo eso es lo primero que tienen que hacer las autoridades y como ciudadanía debemos exigir un juzgamiento con perspectiva de género.

Estamos equivocadas (os) cuando creemos que las leyes son neutrales; en la historia de la discriminación, a través de las normas que parecen neutrales, conllevan discriminación. Como ejemplo, refirió el derecho al voto a las mujeres en 1953; ahí, dijo, podemos pensar que era una norma neutra, pero la interpretación de normas era contraria a la perspectiva de género.