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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

La oposición no asimila el meteoro de 2018 contra el modelo del tripartidismo de repartición del poder con la amplia victoria de Morena. Busca a tientas pasar la factura del colapso con las mismas viejas prácticas que deformaron el arreglo y sin conectar con el futuro. Se envuelven en la defensa de la democracia, mientras la historia reciente engulle a sus lideres, como al expresidente Felipe Calderón con la sombra de las acusaciones a García Luna. Las fuerzas opositoras están debilitadas por la concentración de poder en su rival, pero sobre todo, están extraviadas en el laberinto de sus responsabilidades con el pasado.

La mayoría de sus figuras visibles están fuera de concierto por ir fuera de época. Creen que denunciar la mayoría de la coalición en torno a Andrés Manuel López Obrador y advertir el peligro del regreso del partido hegemónico del siglo XX, vale para reclamar el precio de sus servicios realizados a la democracia y exigir el pago sin rendir cuentas. Olvidan que malas decisiones, omisiones y complicidades les pasaron factura. Y ahora quieren endosar sin remitente. Y no pueden timbrar con voz diferente por falta de renovación y de propuestas y esto resta credibilidad a la crítica y los hace ver como defensa de viejos privilegios.

Olvidan que en 2018 los barrió un voto contra el estatus quo en una especie de váyanse todos ante la componenda, corrupción y desprecio por la justicia como refleja el caso del “super policía” de los gobiernos panistas.

Un ejemplo de ese extravío es pretender reivindicarse sin cambiar prácticas y comportamientos, es la discusión en el Congreso de la antigua demanda social en torno al recorte del financiamiento para limitar el derroche y manejo opaco de recursos públicos de los partidos. Morena ganó la iniciativa, y aun perdiendo la votación, gana el debate político, incluso aunque parte de su coalición rechazara reducir 50% el dinero como una propuesta demagógica. Celebran la defensa de las prerrogativas como la contención de otro golpe más a la democracia y “morenización” del poder, pero sin reparar en la exigencia de un sistema de partidos más y mejor fiscalizado, transparente de los recursos públicos que reciben y manejan discrecionalmente con escasa rendición de cuentas.

Las últimas reformas electorales de 2007 y 2014 prometieron bajar los montos de financiamiento público y mejorar la fiscalización. La primera con prohibición de la contratación directa de los partidos con los medios y la administración del INE de la propaganda política en tiempos oficiales. La otra con la centralización de la organización de los comicios estatales, pero sin modificar la fórmula de reparto de las prerrogativas ni incluir las de los estados.

Para 2020 los partidos recibirán alrededor de 5,000 millones de pesos del INE y una cantidad similar de los estados para sumar unos 10,000 millones de pesos, una cantidad similar al financiamiento público de 2006, sin haber elección federal e incluido el presupuesto del INE.

Morena les lanzó un reto sobre un problema que no se ha resuelto en más de una década, a pesar de que las campañas son cada vez más competidas a todo nivel y de las tres alternancias en el poder. El gasto político aumenta en cada campaña desde el 2000, pero su control está lejos del escrutinio público y no ha evitado recursos ilegales en campañas con vínculos con el crimen. ¿Debe limitarse el gasto ordinario de partidos o de campañas? ¿Cuál es la nueva fórmula? Son preguntas que han estado en el debate sin avanzar porque los partidos no están interesados en ello. En cambio la discusión se salda, igual que ahora, en recriminaciones mutuas de negar en el gobierno lo que ayer pedían como oposición, como en efecto sucedió con Morena en el Congreso de Yucatán en 2017 cuando impugnó una ley que lo reduciría.

La política de culpabilizar se extiende a la economía o la seguridad como forma de vacunarse, contra la responsabilidad del presente, desde las ineficacias de los gobiernos hasta la falta de proyecto de la oposición. Todo esto sin tomar en cuenta el mensaje de hartazgo de las urnas, que no sólo se manifestó contra el dispendio y el derroche de los partidos sino también contra la falta de certeza de la clase política. Y es vigente hoy también para Morena.