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Número cero/ EXCELSIOR

El desorden en el sector salud y el desabasto de medicinas es manifestación reveladora de los errores de un gobierno proclive a hacer cambios profundos, repentinos, sin estudios ni preparación, para que sus reformas puedan funcionar; un gobierno que con frecuencia confunde el diagnóstico del problema con su solución, que quita los “alfileres” a programas como el Seguro Popular sin un modelo acabado de operación que lo reemplace; que rehúye a encarar el conflicto de valores de las políticas públicas y, en cambio, ofrece destinos seductores y paradisiacos sin explicar las posibilidades reales de que sucedan.

Por decreto, el primero de enero se puso en marcha el Insabi en sustitución del Seguro Popular, el cual, Andrés Manuel López Obrador prometió eliminar desde la campaña. No hay sorpresas. Había, desde el sexenio anterior, denuncias de desvíos millonarios de este programa social insignia de gobiernos panistas y priistas, que se convirtió en “caja chica” de los gobernadores. La corrupción en salud, como advirtiera el exsecretario José Narro, es un “doble crimen, un doble delito”. Ese es un buen diagnóstico, pero no un nuevo modelo. Para López Obrador era su oportunidad para diferenciarse del “desastre” de la corrupción del pasado, pero decidió ir más allá y convertir la cancelación en la cara visible de su oferta de “sociedad del bienestar” con el programa social más ambicioso de su administración.

Con el Insabi se promete universalizar servicios de salud gratuitos a la población sin seguridad social como ya ocurre en Suecia, Dinamarca o Noruega, aunque ahí el presupuesto de este rubro ronde el 10% de las contribuciones fiscales, a diferencia de México, donde apenas sobrepasa el 2%. De un día para otro la cobertura apunta a 65 millones de personas, es decir, 20 millones más de los que el Seguro Popular alcanzó en casi dos décadas, con cálculos actuariales exigidos para sostener su viabilidad.

Es cierto que el anterior esquema avanzó muy lentamente, como reflejo de los valores “neoliberales” de los anteriores gobiernos y sus distintas prioridades. Hay razones suficientes para cambiar y mejorar el esquema especialmente de un gobierno que prioriza a los pobres, pero que también está obligado a garantizar una transición eficiente y adecuada ejecución que evite a los enfermos quedar atrapados en el cambio, como ya han comenzado a denunciarse en muchos hospitales.

Paradójicamente, son los más pobres los que más sufren la profunda transformación del sistema de salud sin certeza de sus derechos, sin seguridad y sin acceso a atención de enfermedades de alta especialización como el VIH o el cáncer. El nuevo modelo arrancó sin reglas de operación, aunque la oposición en la aprobación de la ley del Insabi logró arrancar a Morena el compromiso de que el gobierno las expida en junio de 2020.

Las denuncias de pacientes por el cobro indebido de cuotas que había con el Seguro Popular, la falta de certeza en la atención y luego el costo de medicamentos, son síntomas de males más profundos de una forma de actuar que podrían agravarse en los próximos meses. Reflejan una forma de impulsar transformaciones institucionales poco graduales, sin despejar su viabilidad y vacíos de política pública para asegurar su operación.

De que las cosas en el sistema de salud no debían seguir igual hay poca duda, pero lo más importante hoy es no generar expectativas irrealizables o que la improvisación tenga costos en vidas. Las reformas lopezobradoristas, como ha calificado Ángel Gurría, responsable de la OCDE, son “dramáticas” y requieren tiempo para mostrar resultados, salvo en el caso de la salud donde es necesario no arriesgar lo que funcione.

Los riesgos en el sistema de salud, los cuales el Presidente soslaya como resistencias a su reforma, obligan a meterle cabeza para resolver los problemas y coordinar con los estados la implementación del nuevo modelo, puesto que seis de ellos se rebelan contra el Insabi debido a la falta de reglas de operación y ello agrava la tensión con la federación.

Si el gobierno quiere alcanzar un sistema de salud de “primera y gratuito” como el de Dinamarca o Noruega, está obligado, antes que nada, a proteger ese derecho sobre cualquier confrontación o dividendo político.