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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El endurecimiento de la justicia implicaría enterrar el modelo de la reforma penal de 2008

En un momento en el que el mundo vuelve sus ojos a México por la multiplicación de las cuentas de los desaparecidos y sus altísimos decibeles de impunidad, la FGR se apresta a una reforma judicial, por decir lo menos, hostil a los derechos humanos.

El paquete de medidas, según las versiones filtradas, tiene algo de fantasmagórico porque, en una ilusión de los sentidos o una figuración vana de la inteligencia, ofrece combatirla con formas que ya probaron dejar al delito y sus responsables sin castigo. Sus implicaciones parecen un espantajo para asustar (o encandilar) a la gente, pues es difícil entender el propósito de enviar al sepulcro el sistema penal acusatorio y debilitar mínimas protecciones legales a la ciudadanía en medio de una crisis de derechos humanos. Esto es ¡echar gasolina al fuego!
¿Por qué la FGR apostaría por una nueva versión del viejo modelo de justicia inquisitorial y el reforzamiento de sus facultades para dar resultados contra el delito? El paquete de reformas constitucionales que incluiría fue sorpresivo y, en ese pillar desprevenido, su presentación en el Senado se quedó en la amenaza de un riesgo inminente o temor de que sobrevenga como el “fantasma” de la sequía (de justicia). El proyecto de transformación judicial en los tiempos de la 4T no fue entregado y el acto quedó en el anuncio de que ocurrirá el próximo 1 de febrero. ¿Faltan consensos en el gobierno y entre los poderes? El judicial no estuvo en la cita.

¿Puede hacerse una reforma judicial sin su participación? Hasta la pregunta alarma por la posibilidad de que la fiscalía pueda creer, sin atribuciones para elevar reformas constitucionales, que puede endurecer a “modo” sus facultades persecutorias con medidas como resucitar el arraigo o legalizar el uso de pruebas ilegales como la tortura o la intervención de comunicaciones. El endurecimiento de la justicia implicaría enterrar el modelo de la reforma penal de 2008, el cual puso a los derechos humanos y a las víctimas en el centro del proceso y el respeto a la presunción de inocencia, a pesar de que el país no deja de proyectar una imagen “dantesca” –según el último informe de HRW– por las desapariciones de la lucha contra el narco y la persistencia de prácticas como muestra, por ejemplo, la liberación de la mayoría de los detenidos del caso Ayotzinapa por esa causa.

El gobierno parece ceder a un giro de 180 grados ante el “choque” con la crisis de seguridad en el país y el temor de no dar resultados contra la impunidad, sin desconocer, sin embargo, que ése no es el camino, aunque parezca responder al reclamo legítimo de la ciudadanía, la cual pide mayor eficacia al castigo de los delitos. Al menos el fiscal Gertz sabe de los efectos perniciosos de la retórica y la justicia, como ha expresado en su queja contra la UIF por “violar” la presunción de inocencia. El Ministerio Público conoce los dividendos políticos para el que denuncia casos de corrupción y los pasivos que deja cuando no se traducen en averiguaciones y sentencias. No quiere ser el receptáculo de fracasos de un Poder Judicial corrompido, ineficaz, lento, discrecional y arbitrario. Y por ello prefiere impulsar un cambio para que la justicia dependa más del Ejecutivo, con una oferta de populismo judicial. No resuelve, pero quizá le permita salvar cara como justiciero sin juicios ni condenas, más que mediáticas, como la UIF.

Ya gobiernos anteriores han pugnado por desmontar la reforma penal ante los fracasos del Ministerio Público y el reclamo de justicia de la ciudadanía. Desde su implementación y hasta su entrada en vigor en 2016, faltó voluntad política para asegurar su funcionamiento con el desarrollo de capacidades de policías y fiscales e infraestructura judicial. Es difícil, para cualquier gobierno, cargar sobre su imagen el lento proceso de transformar la justicia y, más aún, el de resistir los estragos de la inseguridad en la popularidad de liderazgos carismáticos. Es común que acaben pidiendo entregar la justicia a ellos, aunque suponga un retroceso de años de aprendizaje institucional y de la pérdida de certeza e imparcialidad de la justicia cuando, además, se impone la idea de que a los “enemigos, ni la justicia”.