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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

La irrupción de la protesta de mujeres tomó por sorpresa a los gobiernos de la 4T, dado que casi la mitad de sus votos provino de ese mundo, por su expectativa de enfrentar, con una nueva opción progresista y por la izquierda, el grave problema de la violencia de género. Los sorprendió porque no procede del cartabón del pasado, sino del movimiento social, lo que impide su descalificación, como sucede con los partidos que barrieron en las urnas. Sus marchas los descolocaron desde un principio porque nunca esperaron que les surgiera una oposición social en el terreno de la calle que creían copado. Les resultó algo imprevisto, raro y hasta incomprensible, sobre todo por carecer de propuestas claras y contundentes ante el reclamo de su derecho a la seguridad y justicia.

Como ha ocurrido con gobiernos anteriores, el de López Obrador también reconoce la legitimidad de la causa, como haría con cualquier grupo vulnerable, pero observa con suspicacia sus movimientos para revelar lo que pudiera ocultar. Hay cierto patrón entre la autoridad, que suele acercarse a esta clase de movimientos amorfos, imprecisos y hasta con alas radicales o anarquistas, con la atención puesta en descubrir manipulaciones. Se imponen lecturas conspirativas sobre la gravedad de los hechos de violencia que viven las mujeres en la calle, el trabajo o la casa, incluso al punto de preferir ignorar o difuminarlos con la idea de equiparar el feminicidio con el homicidio culposo.

Precisamente, la insatisfacción con la propuesta atribuida al fiscal Gertz de desaparecer el feminicidio como tipo penal ha detonado una nueva ola de indignación ante hechos palmarios, como el brutal asesinato de Ingrid Escamilla, mutilada y desollada por su pareja. El caso, la filtración de las imágenes y su publicación en medios sacude a la opinión pública e incendia las conversaciones en redes, en la antesala de llevarlas, otra vez, a las calles para protestar contra un sistema de seguridad y justicia que no las cuida, atiende mal y confina la violencia de género a la impunidad. El feminicidio, en la última década, se ha disparado en 137%, y sólo en 2019 cerró con más de 32 mil homicidios, de los cuales apenas un 1% se castiga, de acuerdo con el SESNSP. Ante esas cifras, Gertz ha ofrecido a los legisladores mesas de trabajo para analizar las dificultades, “técnicas y jurídicas”, de investigar y sancionar el feminicidio con soluciones prácticas, como reconocer su inutilidad y verterlo en el océano de la violencia generalizada en el país, como era antes de que se tipificara, por primera vez, en 2012. La respuesta genera desencanto del movimiento feminista con los gobiernos de la 4T, a pesar de sus esfuerzos por los gabinetes paritarios e incluir el público “mujeres” en el anexo de igualdad de sus programas sociales prioritarios, como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro. El mensaje oficial sigue sin atender el problema y entre las mujeres que lo apoyaron en las urnas crece la idea de que no entienden los de derecha ni los de izquierda, más que el lenguaje de la movilización y la protesta.

Al presidente López Obrador, visiblemente, le molesta el tema, que trata de desviar con suspicacias sobre campañas de medios o la sospecha de “manos que mecen la cuna” de las protestas de mujeres, por ejemplo, en la UNAM. Pero la propensión a concebir conspiraciones no alcanza para borrar un “disculpe que molestemos, pero nos están matando” con que las mujeres espetan la falta de eficacia de policías, ministerios públicos y jueces para castigar el feminicidio. Tampoco para percibir retrocesos en la política pública por la desaparición de estancias infantiles, retiro de recursos a los refugios de mujeres o la desaparición de la fiscalía especial contra la trata de personas, que forman parte de reivindicaciones centrales que acompañaron su acceso a todos los espacios desde los años 70.

Desde las movilizaciones en la CDMX, las malas respuestas nutren un movimiento que puede convertirse en la mayor oposición social a la 4T en las calles. Así lo pueden pensar sus adversarios y detractores, pero el riesgo no lo desactivarán desapareciendo artificialmente la problemática, como el fiscal Gertz quisiera hacer con el delito de feminicidio.