COMPARTIR

104 total views, 2 views today

NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El presidente López Obrador es experto en “tensar la cuerda” como táctica de negociación para avanzar sus posiciones, pero es un recurso peligroso ante dilemas complejos, como una crisis simultánea de salud y económica. Las decisiones que ahora tome su gobierno y sociedad proyectarán el país que tengamos en los próximos años. En un doble reto como éste, la necesidad de querer lo mejor no implica decidir de la mejor forma, entre otras razones, porque expone a la decepción o al pensamiento mágico. ¿Qué se puede esperar?

La situación esta vez reclama mayor prudencia para abordar los problemas. Nadie duda de que, como señaló en la conferencia mañanera, México “está hecho para resistir adversidades y salir adelante”. Pero eso no es suficiente para afrontar una crisis global con la idea de que las características raciales de los mexicanos nos hagan menos susceptibles del coronavirus. Peor aún, hacer creer que el virus infecta a los ricos porque los pobres son inmunes, como dijo Miguel Barbosa en una declaración de apología de la lucha de clases más que de un mensaje de protección a la población.

Es una invitación a la violencia agitar perjuicios ideológicos o confiar en supercherías raciales para justificar el cuidado de la dimensión económica de la crisis sanitaria. Sobre todo, por la posición de la propia sociedad ante una emergencia aún no declarada oficialmente y sin claridad suficiente de las medidas para enfrentarla. La decisión oficial de no adelantar vísperas en las restricciones sanitarias contrasta con el comportamiento de la ciudadanía que, una semana antes de la Fase II de la emergencia, seguía el autoaislamiento. Evidentemente, ésta ya pasó los límites que ahora impone el gobierno en una muestra de desconfianza sobre el manejo de la crisis.

En el difícil equilibrio de la contingencia económica y sanitaria, el gobierno tiene un punto. Hay alto riesgo de que el endurecimiento de medidas orille al hambre a millones, entre el 60% de la población que vive al día en la economía informal o los que ni siquiera reciben apoyos sociales en un país con más de 54 millones de pobres. El problema es que la respuesta no puede ser desdeñar la amenaza en el discurso del Presidente ni subestimar la vigilancia sanitaria para contener la pandemia, porque, a la larga, multiplica las consecuencias económicas por el colapso del sistema de salud. Pretender reducir su tamaño o quitarle importancia cierra ventanas de oportunidad a la prevención y, sobre todo, lleva a mínimos la función de las instituciones, que fácilmente son rebasadas por miedo o anarquía.

La desaparición de las instituciones es el mayor peligro tanto para la crisis de salud como económica. El riesgo de rapiña y violencia no se debe, en primer lugar, al aislamiento, sino a la percepción de falta de autoridad. Esta semana arrancó la campaña de distanciamiento social y las escuelas cerraron el viernes anterior, pero, antes, la sociedad ya había decidido que la mejor manera de ponerse a salvo era quedarse en casa. Las universidades tampoco esperaron a la segunda fase y los estados adelantaron, unilateralmente, medidas sin coordinación con la Federación. La estrategia de “tensar la cuerda” entre la salud y la economía ha colocado al gobierno a la zaga por el temor de que se pueda romper por las contradicciones o la falta de políticas públicas claras para una y otra.

El Presidente reconoció ya que vamos hacia una crisis económica, pero sin definir la intervención del Estado en la que puede hacer más ricos a los ricos o más pobres a los pobres. La postura oficial de poner primero a los pobres, a diferencia de otras veces, es correcta, porque son la población más vulnerable, pero, hasta ahora, hay poco más que la reticencia oficial al confinamiento para que sigan buscándose la vida. Y una débil promesa de “recursos suficientes” de un fondo por unos 400 mil millones de pesos del que habló el Presidente, sin especificar de dónde saldrá y para qué será utilizado. Tampoco pueden confiar en el apoyo al empleo a través de políticas fiscales anticíclicas que eviten la quiebra de empresas.

En suma, la primera obligación de la autoridad ante ambas crisis es hablar claramente a la población de lo que es lícito esperar.