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NÚMERO CERO/ EXCELSIOR

El gobierno de la 4T comienza a tener abolladuras en el puente de mando por la escalada de conflictos sociales que se abaten sobre su proyecto. Las protestas de movimientos y diversidad de grupos afectados por sus políticas se tiñen de una retórica polarizadora que intensifica la confrontación con productores por la “guerra del agua” en Chihuahua, campesinos reticentes a una termoeléctrica en Morelos o la resistencia de los colectivos feministas contra la violencia de género. Pero la depresión en la superficie del poder de López Obrador no se debe sólo al descontento de grupos que se sienten marginados de sus programas, sino a la desautorización de sus causas o inconformidad como mera reacción en la defensa de privilegios o la manipulación de sus adversarios políticos.

Todos esos conflictos sociales tienen poco en común, salvo la falta de diálogo y la descalificación presidencial. La lectura oficial de ellos es que obedecen a una lógica electoral que recurre a una especie de guerra de baja intensidad para desgastar al gobierno hacia las elecciones de 2021 y así acotar la concentración de poder de la Presidencia con un nuevo equilibrio en el Congreso. La salida de la Conago de casi un tercio de gobernadores de la Alianza Federalista corrobora su impresión sobre el uso político de la rebelión por el agua para golpear a la 4T o la resistencia de los conservadores afectados por su proyecto detrás de la ocupación de instalaciones de Derechos Humanos por el movimiento feminista.

Esa visión es clara cuando López Obrador dice tener “muy buena información” de que grupos políticos del PRI y del PAN manipulan a los productores que tienen tomada la presa La Boquilla. Su lucha por el control del agua se descalifica por el interés de grandes terratenientes por mantener cultivos de uso intensivo de agua, como la nuez en una zona desértica, pero más rentables que el trigo y el frijol. El problema es por defender las ganancias de los “dueños del agua”, no por el abasto, me dijo Juan Carlos Lorea, delegado del gobierno en Chihuahua. Pero el discurso de la confrontación con los “privilegios y los ricos” no hace más que escalar la violencia, como ocurrió con la expulsión de la Guardia Nacional de la presa y la muerte de una persona en un ataque contra productores apenas armados con palos. La creciente tensión puede derivar en otro frente para el gobierno si lleva a incumplir el abasto de agua a EU, conforme a un acuerdo de 1944. La lucha por el agua —advertía un antiguo líder social— no es nueva en Chihuahua, el control del gobierno la exacerba.

Por otra parte, el tratamiento de adversarias también ha permeado en el desencuentro con los colectivos de mujeres contra el feminicidio, aunque el Presidente ha modulado su discurso de descalificación hacia ellas, a pesar de las acciones radicales directas, como la ocupación de la CNDH en CDMX, Ecatepec y otras sedes de DH en seis estados. Su protesta muestra que no todas las reivindicaciones caben en la prioridad del gobierno de colocar “primero a los pobres”, aunque las mujeres ocupen el mayor porcentaje de la población más desfavorecida y con menos oportunidades. Esa promesa de López Obrador le granjeó el apoyo de la mayoría de la población que se sentía marginada con las políticas de los anteriores gobiernos, pero sus programas sociales no alcanzan para ahogar la indignación de grupos que ahora se sienten marginados por su gobierno.

La narrativa de confrontación con las elites que se oponen a su proyecto, sin embargo, no deja espacio para reconocer que hay causas que permanecen excluidas y que no se reducen a la defensa del México rico y de privilegios. Y que, en todo caso, los hace ver como “menos pueblo” respecto a los que entran en sus programas sociales bajo la clasificación genérica de “pobres”, sin género ni contexto. En el fondo, es la invisibilización de sus causas lo que los mueve a dar la batalla, aunque golpee la mascarilla de proa de la 4T, por la que muchos de los campesinos de Chihuahua y la mayoría de las mujeres votaron. La ruta de la ruptura no es producto de un plan de defensa de las elites o una estrategia para desgastar a su gobierno, como cree el Presidente, sino la falta de diálogo que es común denominador de las protestas.