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·        No hay cambios, se apuesta por más sufrimiento y graves daños a la salud pública, el empleo, los ingresos y el cierre definitivo de muchas empresas, expone

·        Los pobres seguirán siendo los más perjudicados pues, ellos requieren, no migajas clientelares, sino empleo y oportunidad de desarrollo, acusa

·        Se presentan como “eficaces recaudadores”, pretendiendo ocultar la catastrófica gestión de la economía, de las finanzas públicas y  la destrucción institucional. Y esa rancia medicina se nos pretende volver aplicar en el ejercicio del 2021, refuta

·        Evidente la urgencia de rectificar, no solo por el estancamiento económico -que ya era crónico antes del Covid-19- sino por la agravada crisis económica ocasionada por la emergencia sanitaria y la mala gestión de ambas, indica
 
 
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados rechaza la Ley de Ingresos 2021 -enviado por el Ejecutivo Federal y presentado sin mayores cambios por la Comisión de Hacienda de esta soberanía- al considerar que no responde a la actual situación de emergencia que enfrenta el país y que, lejos de proponer esquemas innovadores, opta por más pobreza y desigualdad repitiendo el proyecto inercial de los dos últimos años.
 
A nombre del GPPRD, el diputado Antonio Ortega Martínez censuró el hecho de que esta Cámara de Diputados haya renunciado de este modo, en los hechos, “a su facultad de examinar, resolver y ajustar, las contribuciones y empréstitos necesarios, para cubrir el presupuesto, bajo los principios de proporcionalidad y equidad, y alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo económico y social”.
 
Destacó que en este dictamen (que prevé recursos por 6 billones 262 mil 736. 2 millones de pesos por concepto de ingresos estimados para el año próximo, no existe ninguna nueva medida, facilidades, incentivos o estímulos para impulsar la recuperación económica nacional y la de las familias mexicanas.

“Al contrario, dijo, para obtener recursos aún por ‘debajo de las piedras’ se continúa con una visión neoliberal; un irracional austericidio; hay negativa a usar deuda pública de manera inteligente; da seguimiento al terrorismo fiscal vulnerando derechos de los contribuyentes, amenazando con congelación de cuentas bancarias, embargos, cancelación de sellos fiscales y prisión oficiosa, para coaccionar el pago de deudas fiscales o supuestas evasiones y eluciones, así como, el escamoteo y retraso de devolución de impuestos, y el ejercicio de otros privilegios fiscales que la ley otorga”.

“Sorprende, dijo, que tengan una idéntica política tributaria a la de los dos años anteriores. Es evidente la urgencia de rectificar, no solo por el estancamiento económico -que ya era crónico, aún antes del impacto de la pandemia del Covid 19- sino ahora, por la trascendencia que le da la crisis económica ocasionada por la emergencia sanitaria y la mala gestión de ambas”.
 
“Cubrir las prioridades del Ejecutivo Federal, ha llegado al extremo de implementar una desaforada venta del patrimonio y de los bienes de la nación, disfrazada de una justiciera demagogia de ‘devolver al pueblo lo robado’; pero esencialmente clientelar y electorero, y además, atropellando las normas, como denunció Jaime Cárdenas al momento de renunciar”.
 
Se ha maquillado así -subrayó- el desplome de los ingresos públicos y en un colmo de cinismo se presentan como “eficaces recaudadores”, pretendiendo ocultar la catastrófica gestión de la economía, de las finanzas públicas y  la destrucción institucional. “Y esa rancia medicina se nos pretende volver aplicar en el ejercicio del 2021”.
 
En este sentido, aseveró que las consecuencias de una política de terrorismo fiscal es la pérdida de la confianza en las instituciones democráticas, la pérdida de inversiones y la disminución del capital destinado a la producción que, lejos de acrecentar los ingresos públicos, resultará para México un impacto negativo sobre el crecimiento y los ingresos públicos.
 
El también secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados anotó que, con la política que sigue el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se está provocado un enorme sufrimiento a los mexicanos además de graves daños a la salud pública, el empleo, los ingresos y el cierre definitivo de muchas empresas.
 
Los pobres, advirtió, han sido y serán los más perjudicados porque lo que ellos requieren, no son migajas clientelares, sino empleo y oportunidad de desarrollo.
 
En síntesis –subrayó- se está optando por más pobreza y desigualdad”.
 
Finalmente, Ortega Martínez consideró paradójico que el Ejecutivo Federal haya prometido en campaña que “iba a ahorrar 500 mil millones porque ya no habría corrupción”, y que ahora diga que los ingresos no se han caído; aunque “la terca realidad” nos señale lo contrario. “Ahora no alcanza para nada, los servicios públicos se han deteriorado, la deuda pública ha crecido más que en las últimas administraciones”.
 
“Es una política ésta, tributaria recaudadora, irresponsable porque no atiende la crisis económica, ni la sanitaria aún en curso. Irresponsable también, porque genera mayores vulnerabilidades y riesgos a las finanzas públicas; y por estas razones, el Grupo Parlamentario rechaza la estrategia de ingresos del gobierno del Presidente López Obrador”, remató.
  
De acuerdo con el dictamen aprobado, se prevén recursos por 6 billones 262 mil 736. 2 millones de pesos por concepto de ingresos

De los cuales:

3 billones 533 mil 31.1 mdp serán por Impuestos;

381 mil 835.8 mdp por Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social;

58 millones por contribuciones de mejoras

42 mil 267.7 mdp por Derechos

9 mil 364.8 mdp por Productos

119 mil 458.2 mdp por Aprovechamientos

1 millón 76 mil 892 mdp a Ingresos por ventas de bienes; prestación de servicios y otros

343 mil 39 mdp por transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones

756 mil 789.6 mdp por Ingresos derivados de financiamientos

Se estipula una Recaudación Federal participable de 3 billones 351 mil 759.7 millones de pesos