Estos son días de trascendencia.
En la bancada oficial del Senado hay frenesí a partir de un hecho nimio: Una comisión investigadora de abusos gubernamentales en Veracruz.
El tema se ha usado, se usa y se usará para golpear y debilitar a Ricardo Monreal en su liderazgo y en sus aspiraciones presidenciales para 2024.
También ha servido para generar respaldos hacia el gobernador Cuitláhuac García -y a su cuestionada política- desde Palacio Nacional hasta miembros del coro oficialista.
La primera consecuencia está a la vista: ayer comenzó el desmantelamiento formal de ese cuerpo legislativo, so pretexto de ser ilegal por no haber pasado por el pleno.
Al renunciar el presidente Dante Delgado (MC), no nada más queda acéfala, sino con agenda y sin substancia para continuar integrada.
Como sin agenda queda el tema con el cual un grupo de rebeldes -César Cravioto, Malú Micher, Antares Vázquez, Mónica Fernández, Napito…- pretende dinamitar la plenaria morenista de sábado y domingo.
¿Y EL LIDERAZGO?… ¿Y LAS VÍCTIMAS?
El tema, empero, sigue en el ambiente.
Puede hablarse de resultados favorables de la comisión -destapó impunidades, abrió canales ante la ausencia de la CNDH de Rosario Piedra Ibarra- y muchas dudas:
¿Qué pasará con los más de 80 casos de violación de derechos humanos o abusos de autoridad presentados contra el Gobierno de Cuitláhuac García y de otros?
Aunque no fructifique la defenestración de Ricardo Monreal, ¿qué tipo de liderazgo ejercerá el zacatecano a partir de ahora?
Porque habría una bancada dividida con personajes distinguidos por luchar por sus propios intereses sin aglutinar senadores en torno suyo.
Porque los de José Narro Céspedes son diferentes a los de César Cravioto, los de ambos a Napoleón Gómez Urrutia y así sucesivamente.
Como sea, rebeldes y leales al coordinador morenista deberán tomar decisiones hoy y mañana sobre cómo proceder ante violaciones evidentes de derechos humanos.
Ahí se prefigurará el Senado para el resto del sexenio.
SIN TV DE PAGA… POR EL MOMENTO
La competencia de América Móvil, propiedad de Carlos Slim, tiene un nuevo triunfo.
Los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones consideraron prudente esperar más a una petición hecha… ¡en octubre de 2018!
Con esta decisión la filial del grupo preponderante, Claro Video, no podrá incursionar a la televisión de paga por la vía trasera.
De inmediato tendría acceso a través de más de 95 millones de smartphones existentes en el país, sin contar las líneas de Telmex.
Llama la atención el largo tiempo usado para la investigación porque, al decir del presidente del Instituto, Adolfo Cuevas, se deben medir todos los impactos legales, comerciales y sociales.
En 1991, cuando Carlos Salinas entregó a Slim la empresa estatizada por José López Portillo, con todo y su neoliberalismo prohibió en el título de concesión su acceso a la televisión.
Debiera ser suficiente, pero también está una preponderancia cuyo fortalecimiento desde la autoridad, supuestamente regulatoria, generaría mayores distorsiones en el mercado de las telecomunicaciones.