• Se propone reformar los artículos 11 bis y 335 del Código Penal Federal
El diputado panista, Eliseo Compeán Fernández impulsa una iniciativa que reforma los artículos 11 bis y 335 del Código Penal Federal, a fin de incorporar como delito el abandono consciente y deliberado de niñas, niños, adolescentes o adultos con cualquier tipo de discapacidad, y sancionarlo hasta con cuatro años de prisión.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, estipula que a quien abandone a estas personas, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.
La iniciativa define el delito de abandono como “todo acto de aislamiento o hacinamiento sistemático, permanente, consciente y deliberado hacia adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y/o adultos con cualquier tipo de discapacidad, entendidos como una exclusión o como actos discriminatorios o de menosprecio hacia su persona o respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo”.
El documento refiere que, de acuerdo con el Censo de Población 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 20 millones 838 mil 108 de mexicanos con discapacidad, es decir, una de cada seis personas del país se encuentra en esta situación.
Ante ello, precisa que es necesario que los gobiernos federal y estatales formulen e implementen políticas certeras orientadas a brindar apoyo a las personas con discapacidad para que puedan vivir de manera independiente que dejen de dependen de sus familiares para satisfacer sus necesidades básicas, como la vivienda, la alimentación y la higiene.
El diputado Compeán Fernández enfatiza que la falta de políticas asertivas ha puesto en riesgo de violencia, abuso y abandono, principalmente, a niñas, niños que, además de tener pocas oportunidades educativas, no logran integrarse a la sociedad.
Reiteró que es necesario modificar la legislación con el propósito de revisar las políticas que obligan a las familias a brindar apoyo a los familiares adultos que tienen alguna discapacidad y, asegurar que la ley castigue a las personas que abandonen a las personas con discapacidad.