>> Con estos cambios, afirman, se fomentará el trato digno a víctimas de delitos de género
Con 422 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen que reforma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de erradicar la violencia institucional y estructural en contra de los adultos mayores.
Al respecto, la diputada Adriana Bustamante Castellanos celebró el compromiso del titular del Ejecutivo Federal para incrementar en un 25 por ciento la pensión para este sector en 2024.
Expuso que el dictamen plantea visibilizar un tipo de violencia de la que pueden ser víctimas los adultos mayores.
“Que todos los funcionarios públicos se enteren: no deben segregar, discriminar, ni retardar la atención de las personas adultas mayores, en su ámbito de competencia”, declaró.
Por su parte, el diputado Saúl Hernández Hernández refirió que las personas adultas mayores se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, en especial quienes habitan comunidades indígenas, pues sufren desigualdad social y maltrato por parte de las instituciones de gobierno.
“Estamos a favor de proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, a favor de erradicar el olvido, el abandono y la invisibilización de los adultos mayores en nuestras comunidades indígenas, barrios, colonias populares y en todos los rincones del país”, dijo.
Mientras que, con 411 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, diputados federales aprobaron en lo general diversos dictámenes en materia de educación inclusión a comunidades originarias, erradicación de violencia perpetrada contra adultos mayores y a favor del trato digno a víctimas de delitos de violencia de género.
Con estos sufragios se da el aval para modificar la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva y humanista a pueblos indígenas, afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas.
Al respecto, Flora Tania Cruz Santos, presidenta de la Comisión de Educación, comentó que el proyecto de reforma derivó de la consulta que se levantó a los pueblos indígenas, la cual fue una sentencia a favor de la autodeterminación de las mismas.
La parlamentaria, agregó que se trató de 11 asambleas de consulta a los pueblos originarios, los cuales fueron libremente informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas, y que dieron como resultado una propuesta por una educación acorde a la multiculturalidad del país, “toda vez que reivindican los derechos de quienes integran las comunidades indígenas y afromexicanas”.
En tanto, que la diputada Irma Juan Carlos calificó este avance como histórico, pues va a permitir indicó, que los servicios educativos sean plurilingües e interculturales en los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas.
Lo que apuntó, deja atrás una visión educativa occidentalizada y castellanizante, que borraba las lenguas y cosmovisiones de los pueblos originarios. En contraste, refirió se impulsarán programas educativos que “reconozcan y valoren la herencia cultural de los pueblos, elaborando materiales educativos en 48 lenguas indígenas”.
Además, se avaló con 415 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de trato digno a víctimas de delitos de violencia de género al momento de presentar una denuncia.
Al respecto, la diputada Bennelly Jocabeth Hernández manifestó que la propuesta busca prohibir que la autoridad encargada de dictar una orden de protección haga comentarios lesivos contra prejuicios que insinúen descréditos de los dichos de las personas denunciantes, así como insinuaciones o interrogativos ofensivos respecto a la vida privada de la víctima.
Comentó que su incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa y se sancionará conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y las que apliquen en la materia.
Además, dijo, se establece como parte de los derechos de las víctimas, que las autoridades para la toma de denuncia deberán utilizar un lenguaje respetuoso y libre de interrogatorios ofensivos.
“No vamos a tolerar que la voz de las mujeres sea silenciada. Reconocemos que el acceso a la justicia para las mujeres sólo será posible cuando se eliminen los estereotipos de género y se reconozcan a las mujeres como iguales”, sentenció.