GENARO GARCÍA LUNA, EL HOMBRE QUE FUE CLAVE DE LA SEGURIDAD, ACUSA AL GOBIERNO MEXICANO DE FABRICAR PRUEBAS EN SU CONTRA
Condenado a cadena perpetua por narcotráfico en 2023, el ex mando policiaco envió una carta manuscrita en la que acusa a los fiscales de basar su caso en testimonios falsos de criminales y de no haber presentado pruebas concluyentes que lo vinculen con el Cártel de Sinaloa. Asegura que rechazó un acuerdo que le ofrecía una condena mínima de 6 meses y denuncia las condiciones infrahumanas de su detención. García Luna asegura que el gobierno de México está vinculado con el narcotráfico y que seguirá luchando por su libertad a través de un proceso de apelación.
El periodista Keegan Hamilton —quien actualmente es editor de justicia penal en el diario estadunidense Los Angeles Times y tiene un extenso historial cubriendo temas de crimen organizado, narcotráfico y prisiones—, reveló que recientemente recibió una carta manuscrita de Genaro García Luna, enviada por su abogado César de Castro. En un twit, Hamilton comentó que García Luna —quien enfrenta cadena perpetua tras su condena en 2023 en Brooklyn—, continúa defendiendo su inocencia y le asegura que rechazó un trato que le habría permitido cumplir solo 6 meses de prisión si hubiese cooperado con las autoridades estadounidenses.
Hamilton, quien ha planteado sus dudas sobre cómo se manejó el juicio de García Luna, ha puesto en relieve las debilidades del caso de la fiscalía y sugerido que la corrupción dentro del gobierno mexicano, y su relación con el narcotráfico, es mucho más profunda de lo que el juicio permitió revelar. El periodista señala que, al igual que como ocurrió en el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, la justicia en estos casos no parece ser una cuestión de castigar a todos los culpables, sino de seleccionar a aquellos cuyas condenas sean más convenientes para el Estado.
En su detallado seguimiento del caso, Hamilton ha ofrecido una mirada profunda a la caída de García Luna, quien alguna vez fue considerado el aliado más cercano de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. A lo largo de más de una década, García Luna, quien llegó a ocupar cargos clave como jefe del equivalente mexicano del FBI y luego como secretario de Seguridad Pública, trabajó de la mano con la DEA y otras agencias estadounidenses para combatir a los cárteles. Sin embargo, el juicio reveló que García Luna fue condenado también por actuar como un doble agente al servicio del Cártel de Sinaloa.
El proceso judicial, llevado a cabo en Brooklyn, fue notable tanto por el contenido como por lo que quedó fuera del radar mediático. A diferencia del juicio de El Chapo Guzmán, este caso recibió poca cobertura de medios estadounidenses, pero fue seguido de cerca en nuestro país donde el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el juicio como una oportunidad política, asegurándose de que fuera noticia de primera plana. Lo que se dijo en la sala de juicio planteó importantes preguntas sobre si Estados Unidos ignoró de manera deliberada la corrupción dentro del gobierno mexicano mientras colaboraba estrechamente con García Luna.
Hamilton refiere que, según los testimonios presentados por antiguos líderes del Cártel de Sinaloa, García Luna habría aceptado sobornos multimillonarios a cambio de facilitar el contrabando de drogas, llegando incluso a permitir que miembros del cártel descargaran cargamentos de cocaína en el aeropuerto de Ciudad de México. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el comunicador destaca que no se presentaron pruebas concluyentes como grabaciones, mensajes de texto o cuentas bancarias ocultas que vincularan a García Luna con estas actividades. En lugar de ello, la fiscalía se basó en la declaración de criminales que obtuvieron sentencias reducidas y beneficios a cambio de su cooperación.
El juicio dejó en el aire la incómoda pregunta de si el gobierno de Estados Unidos fue cómplice al ignorar las actividades ilícitas de García Luna mientras colaboraba con él en la guerra contra las drogas. Uno de los momentos más significativos del juicio fue cuando uno de los testigos mencionó posibles vínculos entre el narcotráfico y altos funcionarios del gobierno mexicano, llegando incluso a implicar al presidente López Obrador en uno de los testimonios.
Sin embargo, estos señalamientos fueron inexplicablemente desestimados muy rápidamente por el juez, y las preguntas sobre la complicidad a niveles más altos del gobierno quedaron sin respuesta.
El trato que García Luna no aceptó
En su carta fechada el 13 de septiembre de 2024 —con una escritura clara y bastante legible, con una caligrafía en tinta azul, lo que contrasta adecuadamente con el fondo blanco del papel de cuaderno rayado, e inclinada ligeramente hacia la derecha, lo que es común en manuscritos formales—, Genaro García Luna relata su experiencia tras ser detenido en diciembre de 2019 por la DEA en Texas. Afirma que poco después de su arresto, la fiscalía de Nueva York le ofreció un acuerdo para inculparse de delitos relacionados con el narcotráfico a cambio de una condena mínima de seis meses y beneficios económicos. Según García Luna, el objetivo del acuerdo no era realmente imputar a narcotraficantes, sino desmantelar instituciones y figuras que, en su opinión, debilitarían la estabilidad del país. Declara que rechazó la oferta, lo que provocó una fuerte reacción en su contra.
García Luna también destaca que, durante su juicio en febrero de 2023, los fiscales no presentaron ninguna prueba tangible que lo vinculara al narcotráfico. Afirma que no se aportaron documentos, registros telefónicos, evidencias financieras ni fotografías que demostraran los delitos por los que fue acusado. Además, niega rotundamente haber recibido dinero ilícito del narcotráfico y señala que, tanto en Estados Unidos como en México, las autoridades judiciales realizaron exhaustivas auditorías fiscales y financieras que confirmaron la legitimidad de su patrimonio, adquirido desde 2012.
El exfuncionario subraya que las acusaciones en su contra se basaron únicamente en declaraciones falsas de testigos con antecedentes criminales, quienes fueron detenidos y extraditados durante el tiempo en que él ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pública. Asegura que estos testigos, vinculados al Cártel de Sinaloa, fueron coaccionados para declarar en su contra y que sus testimonios fueron desacreditados en el tribunal mediante pruebas documentales y resoluciones de los Poderes Judiciales de México y Estados Unidos. Además, destaca la omisión de los fiscales en verificar o corroborar los testimonios y datos presentados por los testigos y el gobierno mexicano.
Un punto crucial de la defensa de García Luna es que el único testigo honorable en el juicio fue el embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, México quien representó los intereses de EU de 2011 a 2015, durante el periodo final del presidente Felipe Calderón y el comienzo del mandato de Enrique Peña Nieto. Antes de su cargo en México, Wayne también sirvió como embajador en Argentina y ocupó puestos de alta responsabilidad en temas de relaciones económicas internacionales en el Departamento de Estado. El diplomático indicó empero que, al final de ese periodo, las autoridades estadounidenses comenzaron a dudar de la confiabilidad de la policía federal mexicana bajo el mando de García Luna para combatir al Cártel de Sinaloa y también recordó haber visitado la casa de García Luna en México y mencionó que, aunque no era ostentosa, sí contaba con un enorme acuario, lo cual le llamó la atención.
Este testimonio intentaba arrojar luz sobre las relaciones entre las fuerzas de seguridad de ambos países, aunque no fue suficiente para exonerar a García Luna de las acusaciones de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.
El inculpado indicó que el embajador también afirmó que nunca recibió informes que lo vincularan con actividades ilegales, lo que, según el exfuncionario, desacredita los testimonios de los testigos criminales utilizados por la fiscalía.
García Luna involucra a las más altas esferas del gobierno actual
En la carta escrita en papel de líneas azules que guían el texto —con palabras que se mantienen dentro de los márgenes con variaciones menores en la uniformidad del tamaño de las letras, con muy pocas faltas ortográficas y presión moderada en el trazo, en el que se aprecian pequeños detalles en la formación de las letras, que sugieren una mano acostumbrada a escribir a mano con regularidad—, García Luna también menciona que los registros oficiales de México y Estados Unidos contienen evidencias de los vínculos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los narcotraficantes que testificaron en su contra.
Además, sugiere que el arresto de Ismael El Mayo Zambada y su posterior carta, que denuncia los vínculos del gobierno actual con el narcotráfico, refuerzan sus afirmaciones sobre la corrupción en las más altas esferas del poder en México.
El exsecretario describe las condiciones infrahumanas en las que ha estado detenido durante más de 58 meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Expone que ha sido testigo de homicidios y amenazas a su integridad. También relata que, en dos ocasiones, compañeros de celda intentaron grabar conversaciones con él para incriminarlo en delitos de narcotráfico. Sin embargo, estas grabaciones fueron desechadas por el juez al no corresponder con lo que señalaba la fiscalía. García Luna critica que, en la segunda ocasión, el fiscal repitió el procedimiento. pero sin solicitar una nueva audiencia o análisis de las pruebas.
A pesar de todo lo expuesto, García Luna explica que su condena se basó en información falsa proporcionada por el gobierno de México y los testigos-criminales, y asegura que la omisión de los fiscales en verificar la veracidad de los testimonios fue clave para que se le dictara sentencia. No obstante, afirma que su caso aún está sujeto a la revisión de un tribunal colegiado a través del recurso de apelación.
En el último párrafo de la carta, García Luna defiende su honor y afirma que es una persona que respeta la ley. Señala que seguirá luchando por su libertad utilizando todos los recursos legales disponibles y asegura que no ha cometido ningún delito.
A CONTINUACIÓN, EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA CARTA MANUSCRITA QUE GENARO GARCÍA LUNA, EXSECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MÉXICO, REMITIÓ EL PASADO 13 DE SEPTIEMBRE:
Centro de Detención Metropolitano
Brooklyn, N.Y.
13/Sep/2024
En diciembre de 2019 fui detenido por personal de la DEA en el exterior del departamento que rentaba en la ciudad de Irving, Texas. A partir del arresto y durante los primeros días reiteradamente me ofrecieron un acuerdo con la fiscalía de Nueva York para que me inculpara con delito vinculado al narcotráfico a cambio de estar detenido poco tiempo (6 meses) y recibir beneficios económicos. De esta forma, cooperaría en testigo, de acuerdo a la instrucción del gobierno de México. No para imputar delincuentes narcotraficantes, porque de haber sido así, no era necesaria mi detención, he combatido el crimen en sus esferas más altas toda mi carrera profesional; la perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitarían el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva.
En febrero de 2023 fui a juicio, como es del conocimiento público los fiscales NO presentaron una sola prueba o evidencia que acreditara los delitos que señalaban, esencialmente delitos vinculados al narcotráfico. NO presentaron ningún documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónica, documentos fiscales o financieros, cuentas bancarias, o registro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico o su familia como lo señalaba el gobierno de México.
Inclusive del señalamiento del presunto dinero que había recibido del narcotráfico, después de una rigurosa auditoría fiscal y financiera que duró más de un año a todo mi patrimonio a partir del año 2012 cuando empecé mi residencia en EUA, el juez responsable de mi causa en la Corte de Brooklyn, N.Y. resolvió en respuesta a una moción hecha por la defensa la inexistencia en mi patrimonio de un solo dólar vinculado al narcotráfico o a los delitos por los cuales me acusan.
De igual forma en México, un Tribunal Colegiado del Poder Judicial resolvió en octubre de 2023 (después del juicio) que NO había pruebas que acreditaran ingresos ilegales en mi patrimonio previo al año 2012 y durante más de 20 años que me desempeñé como funcionario público. En suma, tanto en EUA y México los respectivos Poderes Judiciales resolvieron que mi patrimonio de más de 20 años es lícito, que NO hay un solo peso/dólar vinculado al narcotráfico.
Lo único que fue utilizado en el juicio para acreditar los delitos que me imputaron, fue información falsa proporcionada por el gobierno de México y los dichos de testigos con antecedentes criminales reconocidos y declarados por ellos de tortura, decapitación, secuestro, homicidio y narcotráfico que no tienen precedente en la historia de México. Testigos que fueron detenidos, encarcelados sin que escaparan y extraditados en el período de tiempo que fui Secretario de Seguridad Pública de México y miembro sustantivo del Gabinete de Seguridad Nacional, instancia superior de decisión y estrategia en el combate al narcotráfico.
La información falsa aportada por el gobierno de México y los dichos contradictorios de los testigos, fueron completamente desacreditados con evidencias y pruebas documentales, fotografías, declaraciones juradas y resoluciones del Poder Judicial en EUA y México en el marco de los recursos legales que provee el proceso legal. NO pudieron los fiscales demostrar, probar que la evidencia aportada por la defensa fuera falsa o no existente. NO pudieron negar la legitimidad y existencia de las pruebas que acreditaban las falsas declaraciones de los testigos, y lo más sorprendente es que los fiscales fueron totalmente omisos en verificar o corroborar un solo dato o información aportada por el gobierno de México y los testigos-criminales.
El único testigo honorable utilizado por la fiscalía en el juicio fue el Embajador de EUA en México, quien ratificó que fui una persona «clave» del gobierno de México en el combate al narcotráfico y que las reuniones sistemáticas que tenía con las agencias de seguridad e inteligencia de EUA, NO había recibido ningún informe que indicara que yo fuera corrupto o que estuviera vinculado con el narcotráfico, señalando que si esto hubiera existido, él tendría que haber sido informado y no fue así. Desacreditando las declaraciones de los testigos-criminales.
Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EUA, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual Presidente de México, Andrés López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al Presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico.
Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada “Mayo Zambada”, la carta emitida por él donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México (Jueces, Magistrados, Ministros, Corte), cuyos principales beneficiarios son los criminales. Hechos ratificados con la pausa-suspensión de relaciones oficiales entre México y EUA decretada por el actual Presidente de México debido a la postura de EUA ante estos hechos.
He estado detenido en MDC Brooklyn N.Y. por un periodo de 58 meses, casi 5 años, en condiciones infrahumanas, he presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Fui segregado casi un año a las celdas de castigo sin haber violado alguna norma o falta al reglamento y sin tener un registro de mal comportamiento.
En dos ocasiones me asignaron compañeros de celda que me grabaron más de dos mil horas, tratando de involucrarme en el narcotráfico o algún delito. En la primera ocasión el juez ordenó una audiencia para analizar las pruebas, testimonios de los testigos y ordenó la entrega de los audios de lo que el fiscal señalaba eran pruebas con una transcripción; después de que la Corte corroboró y verificó las pruebas de la audiencia y los audios entregados por el fiscal, el juez resolvió que NO correspondían las supuestas pruebas y que los audios NO tenían lo que indicaba el fiscal, desechando estas pruebas y testimonios. En la segunda ocasión, el fiscal repitió el mismo procedimiento, solo que en esta ocasión NO se ordenó ninguna audiencia para analizar las pruebas y testimonios de los testigos y NO se solicitaron los audios, en consecuencia, NO se corroboraron ni unificaron las supuestas pruebas, testimonios, ni audios; y con estas condiciones se resolvió negar la moción hecha por la defensa para un nuevo juicio.
Con estas circunstancias, sin ninguna prueba en mi contra, con información falsa aportada por el gobierno de México y los testigos-criminales, y con la absoluta omisión de los fiscales en NO corroborar la existencia y veracidad de un solo dato o información aportada por ellos, aún con la evidencia presentada por la defensa que acredita que es falsa, se llevará a cabo mi sentencia.
La Sentencia está sujeta a la revisión de un tribunal colegiado de la Corte de EUA a través del uso del recurso jurídico de la Apelación, instancia responsable de devolver el estricto derecho y legalidad del juicio.
Donde esté el bien superior es la Patria, los Mexicanos y la verdad; soy una persona que respeta la ley, seguiré con la conducción de mis abogados gastando todos los recursos legales que provee la ley hasta lograr mi libertad. Mi honor está intacto. Yo no he cometido ningún delito.
Genaro García Luna
P.D. Todos los respaldos y evidencias a la información referida en el texto, está en los registros oficiales de la Corte de Brooklyn N.Y., y son públicas.
