NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Si en algo no han sido diferentes el PAN, PRI y Morena es en su posición frente al Ejército. Con la reforma para la militarización de la Guardia Nacional se consolida un largo proceso de capitulación en seguridad pública de los últimos tres gobiernos civiles.
En el Congreso avanza la reforma que modificará la Constitución para dar realidad jurídica a la participación permanente del Ejército en el combate al delito, después de varios intentos frustrados por dar cobertura legal a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Morena y aliados, junto con algunos tránsfugas, se aprestan a aprobarla en el Senado frente al voto en contra de la minoría opositora de PAN y PRI, que antes, desde el gobierno, la apoyaban; con la misma vehemencia con que Morena la rechazaba y pedía el regreso de los militare a los cuarteles, como prometió López Obrador en campaña.
En efecto, su utilización en el combate al crimen no empezó con López Obrador, sino que forma parte de una tendencia “civilista” de los últimos 18 años. La puerta la abrió Calderón cuando llegó a la presidencia en 2006 con la legitimidad abollada por un triunfo acusado de fraude. Lo justificó por incapacidad de las policías civiles para enfrentar al crimen organizado. Pero fue una salida improvisada que arrojó a una “guerra contra las drogas” para la que los militares no estaban preparados y de la que no hemos salido en casi dos décadas, hasta derivar en la consigna del actual gobierno, “abrazos y no balazos”, pero con su presencia en las calles.
La mayor implicación de la reforma es que elevarla a rango constitucional hará muy difícil revertir el control total de los militares de la política de seguridad exterior e interior, a pesar de cuestionamientos por las acusaciones por violaciones a los derechos humanos contra el Ejército, por ejemplo, en caso el crimen de Ayotzinapa. De 13 sentencias de la CIDH contra el Estado mexicano por ese motivo, las FA han sido responsabilizadas en seis de ellas; aunque eso no obsta para ser las instituciones mejor valoradas y que la población mayoritariamente apoye su trabajo en las calles, donde ahora tendrán ya no sólo la facultad de perseguir, sino investigar delitos.
Ese respaldo puede explicarse porque el traspaso no ha sido una imposición castrense, sino resultado del fracaso de la autoridad civil para construir una policía eficiente que garantice el derecho a vivir sin miedo. En muchas comunidades hoy la elección para protegerse es entre el crimen o el Ejército, pero su presencia en las calles ha dado pocos resultados en seguridad, como ejemplifica Sinaloa o Chipas. En todos lados los militares enfrentan un panorama complejo entre la obediencia y la improvisación, a riesgo de sus vidas, o al freno de las autoridades a sus operaciones.
López Obrador prefiere abjurar del término “militarización” para nombrar la final rendición civil. Pero lo cierto es que la seguridad pública dejará de estar a cargo de una institución civil, y fundamentalmente, se eliminará de la Constitución la excepcionalidad de la participación del Ejército en esas tareas para volverla permanente. Sheinbaum la justifica con la idea de que se mantendrá un mando civil porque el Presidente es el comandante en jefe de las FA, pero las decisiones operativas evidentemente corresponderán a sus responsables. ¿Cuáles son los nuevos límites de la relación entre civiles y militares?
La reforma concretará la exigencia militar de cobertura legal para su trabajo en seguridad pública, que no pudo darles Calderón ni tampoco Peña Nieto con la Ley de Seguridad Interior. Desde la creación de la Guardia Nacional en 2019, López Obrador quería que tuviera mando militar, pero la oposición lo impidió. Luego, en su sexenio, alcanzarían un protagonismo nunca visto con el encargo de dos centenares de tareas civiles en el control de migración y aduanas, o en la construcción de obras de infraestructura. Su última tentativa en 2022 fue invalidada por la Corte, dando origen al mayor enfrentamiento entre Poderes de la época moderna, que se saldó con la reforma de Justicia. ¿Qué hay detrás de todo esto?
A días de dejar el cargo, el Presidente tiene los votos para consumar su plan B de reformas constitucionales, aunque paradójicamente convalida el temor sobre el inmenso poder que le dejaron las urnas y amarrar su proyecto a la proa del siguiente sexenio.