>> El dictamen fue aprobado con 86 votos de Morena, PT, PVEM y uno del senador Miguel Ángel Yunes Márquez; 42 legisladores del PAN, PRI y MC votaron en contra.
Tras casi nueves horas de debate, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional para consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personas militar con formación policial, dependiente del ramo de Defensa Nacional.
Previo a la votación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el dictamen es una oportunidad para profesionalizar el trabajo de las instituciones implicadas en garantizar la seguridad pública.
En lo general, la asamblea respaldó sin cambios la minuta que envió la Cámara de Diputados, con 86 votos de Morena, PT, PVEM y uno del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; y 42 en contra del PRI, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
Previamente, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron votos particulares en contra del dictamen, porque consideraron que “la estrategia de militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país”.
Ricardo Anaya Cortés, de Acción Nacional, subrayó que, con el arranque de la militarización, en el sexenio de Felipe Calderón, se disparó el número de homicidios y alcanzó 120 mil casos; estrategia que continuó con Enrique Peña Nieto y provocó alrededor de 160 mil muertes violentas; y con el presidente Andrés López Obrador cerrará el sexenio con más de 200 mil homicidios, lo que evidencia lo fallido de este esquema.
En este apartado defendieron la reforma legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, al considerar que dará paso a un modelo de seguridad efectivo, que combine las capacidades operativas y la disciplina militar, con el enfoque de los derechos humanos de las instituciones civiles.
Por Morena, Omar García Harfuch destacó que ante las condiciones de algunas comunidades -que no cuentan con policías suficientes-, y el poder de fuego de la delincuencia organizada, se requiere forzosamente a la Guardia Nacional para lograr la pacificación del país. Un retroceso en la consolidación de esta institución -advirtió-, implicaría empezar de cero en la construcción de un nuevo cuerpo de seguridad.
Francisco Javier Ramírez Acuña reiteró que Acción Nacional votará en contra del dictamen, porque “no estamos de acuerdo en que las autoridades civiles, responsables de la inseguridad pública, trasladen la solución de los problemas a las Fuerzas Armadas”, una estrategia que después de 18 años ha demostrado su fracaso.
Por su parte, Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que, “con la militarización” de la Guardia Nacional “el oficialismo está confesando su incapacidad” de darle seguridad a México, pues busca culpables en el pasado y quiere que el Ejército cargue con su “incompetencia”; mientras el gobierno siga “improvisando”, señaló, la gente seguirá “sufriendo” en las calles.