NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La Corte busca despedirse peleando hasta el final, como el guerrero que va a la carga para avivar la resistencia y ganar un recuerdo de admiración en la derrota. Con su decisión de revisar la reforma judicial pretende marcarla con el “pecado original” de la crisis constitucional, que atascaría la oportunidad de implementar el salto a lo desconocido del polémico e incierto cambio en la justicia.
Su capacidad de echarla abajo es más que limitada, porque necesitaría el apoyo del gobierno de Sheinbaum para obligar o sancionar al Congreso, en caso de una resolución judicial suspensiva. Por ello, desde el Senado les dicen que la reforma seguirá adelante les guste o no a los jueces; no obstante que la falta de colaboración complique al Legislativo y al INE tener el control del “corazón” de la reforma de la elección de juzgadores por voto popular. El choque inédito con el Ejecutivo y el Congreso es de pronóstico reservado por la dificultad de determinar su impacto en la implementación de la reforma, su evolución y las expectativas del desenlace; ésta avanza entre paros laborales de la judicatura, preocupaciones de EU, Canadá y de organismos internacionales. La CIDH ha citado a México a una reunión para analizarla.
La revisión en la Corte está en ruta de entramparse en el análisis de “normas pétreas” sobre lo que no se puede modificar de la Constitución, como la autonomía y “división de Poderes”. Rechaza que los 36 millones que ganó Morena en las urnas sean un cheque en blanco para subvertirla. Ése es el fondo del asunto al que entran los juzgadores que, en este caso, tiene más de político que de jurídico, como se ve en la calificación de “golpe de Estado” de los ministros opuestos a impugnarla; o la corrección de Sheinbaum de que es un “golpe aguado” y sin sustento. Pero las decisiones jurídicas y políticas son inseparables, aunque unas se presenten como dogmas y otras como el mundo de lo contingente por ganar superpoderes o ambición de dominación. En la última trinchera de la batalla, la Corte afila el arma de la ruptura constitucional como incitación al desacato si el Congreso y gobierno se negaran a acatar una eventual resolución suspensiva. Al mismo tiempo alientan la resistencia del Poder Judicial, del que han salido más de 70 solicitudes para detenerla; son los principales perjudicados por la renovación de todos los representantes del Judicial.
La confrontación puede precipitar el fracaso de la convocatoria –el próximo 16 de octubre– a elegir a casi 900 plazas judiciales sin los procedimientos legales adecuados y la información necesaria sobre la lista de cargos, que la judicatura niega al Senado; o comités de selección mal integrados por las prisas y falta de tiempo para evaluar a los mejores perfiles profesionales entre 4 mil 500 candidaturas que se votarán los siguientes dos años. Para la reforma sería suicida un fiasco si resultara en una escasa participación en las urnas porque su sentido radica en la legitimidad del voto popular, o no asegurar mecanismos para evitar que los partidos, el crimen o poderes económicos incidan en las candidaturas.
En su despedida, la Corte trata de poner un último jaque al estrenado gobierno de Sheinbaum contra la reforma de López Obrador, a la que habían resistido hasta que Morena consiguió los votos para aprobarla sin negociar con la oposición o cooptando a los que le faltaban en una jugada sucia en el Senado. La Presidenta recibe la acción como provocación que cerrará el paso a la colaboración y al diálogo para aterrizar la reforma en las leyes secundarias y, sobre todo, llevarla a la práctica. Éste es hoy el punto más delicado, porque tratar de poner a la nueva Presidenta de espaldas a la pared conduce a implementar una reforma en contra o sin el Poder Judicial, a pesar de que es clave para modularla e, incluso, encontrar formas de aplicarla gradualmente. La confrontación trata de cerrar el paso a una reforma comprometida por la complejidad de la ejecución de un proceso inédito en el mundo para cambiar todo el aparato judicial en sólo dos años.
Los ministros se quieren despedir con una crisis constitucional que deje la huella de un pecado ancestral a la reforma, aunque con eso sólo abonen a elevar la incertidumbre y riesgos de descontrol del proceso.