NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Una de las interrogantes más sensibles y polémicas de los primeros pasos del gobierno de Sheinbaum es si continuará con la estrategia de “abrazos y no balazos” de López Obrador. La duda, deliberada o no, se proyecta del trazado del Plan Nacional de Seguridad sin diagnóstico claro de la crisis de violencia en el país y de sus alcances para contener el avance del crimen.
El Plan tiene objetivos y enfoques distintos centrados en atacar los delitos, no en los cárteles como otros anteriores. También un policía técnico, y no políticos, al frente de la estrategia. Pero su presentación, a cargo de García Harfuch, en líneas generales y tan sólo 15 minutos, dejó incógnitas que aguardan a los hechos de los primeros 100 días del gobierno en los seis estados donde se estrenará. La ola de violencia que los recibe con la narcoguerra en Sinaloa o la decapitación del exalcalde en Guerrero, tras reunión con el cártel local, no deja duda de los precursores de alto octanaje del crimen.
Pero en el mismo acto, la Presidenta enfatizó que la nueva estrategia no devolverá a la “guerra contra el narco” de Calderón. Aunque es menos evidente si la reafirmación responde a una retórica política para tranquilizar a su antecesor o de su voluntad de seguir la ruta grabada en la fórmula obradorista de atacar las causas sociales del delito con la misma lógica castrense, a pesar de que el sexenio pasado dejara 200 mil asesinatos y miles de desaparecidos.
Los que esperaban que Sheinbaum se deslindara de las políticas de López Obrador, recibieron su estrategia como más de lo mismo. Otros la leyeron como una variante que acabará con los abrazos, pero sin reactivar balazos. Aunque ¿sería posible reducir los delitos más visibles sin confrontar con los grupos responsables de cometerlos? Cualquiera que sea la respuesta, lo que no es posible es que se cruce de brazos con una inseguridad que no da tregua en dos semanas en el cargo.
La inseguridad es el mayor reto para su gobierno. El objetivo de su plan es reducir delitos de alto impacto, principalmente el asesinato y la extorsión, mientras que los cárteles ocupan un lugar secundario en la estrategia. Pero no centrarse en desmantelarlos tampoco significa tolerar sus acciones violentas. Su enfoque es distinto por priorizar la prevención y sanción de conductas delictivas más que reemprender una cruzada que sólo atomiza a las organizaciones criminales y agudiza la lucha por el control de los territorios. Lo que, sin embargo, podría interpretarse como una política de pax narca que acepta su presencia, siempre que no se traduzca en altas tasas de violencia. Su estrategia descansa en “neutralizar” su actuación, no desmantelar a los grupos. ¿Qué significa neutralizar? ¿Es posible sin combatirlos frontalmente, como hizo Calderón y Peña Nieto? Estas preguntas centrales alimentan la duda de que conservará una política con escasos resultados, como la de su antecesor, además de consolidar la militarización de la Guardia Nacional y atacar las causas del delito, y ¿hasta dónde cambiará su estrategia con la mayor apuesta a la inteligencia policiaca para investigar y sancionar delitos de homicidio y la extorsión?
La estrategia de Sheinbaum confía en enfrentar estos retos para la seguridad del Estado con dos cambios fundamentales. El primero, la construcción de un Sistema Nacional de Inteligencia que mejore las capacidades policiacas en el combate al crimen para enfocar la estrategia a “neutralizar” la actuación criminal y la operación financiera de sus redes; y, segundo, la coordinación del gabinete de seguridad con la fiscalía nacional y las de los 32 estados para que la inteligencia policiaca se traduzca en carpetas de investigación, aunque el mayor dolor de cabeza de la extorsión no está considerado como delito grave.
De fondo, su diagnóstico (no explicitado) parte de la idea de que ninguna organización hoy rivaliza con el Estado dado que, si así fuera, el combate a los cárteles tendría que ser más importante que el objetivo de la violencia. Una valoración arriesgada si no se toma en cuenta la confabulación de la política con el narco y su penetración de las instituciones, como dejan ver la responsabilidad del gobernador Rocha Moya en la narcoguerra en Sinaloa y la ejecución del exalcalde de Chilpancingo tras reunirse con el cártel local. Por eso está por verse el alcance y el costo de sus soluciones para pacificar el país.