Con el aval de Morena y sus aliados y en apretada votación, la Cámara de Diputados, aprobó en lo general, la nueva Ley General de Protección Civil, en la que se establecen reglas para la coordinación de los tres niveles de gobierno en la materia de desastres, y por primera vez, la responsabilidad principal recae en estados y municipios, quieren deberán crear un fondo con sus propios recursos, para atender los dalos provocados por fenómenos naturales.
Después de más de tres horas en las que Morena y la oposición se confrontaron e intercambiaron insultos y descalificaciones, se avaló la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a esa cámara el 3 de octubre del año pasado. La votación final fue de 242 votos a favor y 204 en contra.
La disposición que más cuestionaron PRI, PAN y PRD fue la que establece que “es obligación y responsabilidad de las entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros para atender los daños causados y que para ello cada estado y municipio del país deberán prever recursos en sus presupuestos de egresos estatales para atender a la población afectada.
“Cada entidad deberá aportar, para construir un fondo, como mínimo, al 10 por ciento del promedio obtenido de la aportación que la entidad federativa haya realizado durante los últimos cinco años ejercicios”.
Otro parte medular de la nueva ley es que se sustituirán las declaratorias de emergencia y desastre por acuerdos que tendrán la vigencia específica que requiera el destre o fenómeno natural.
La oposición se manifestó en contra del nuevo ordenamiento, bajo el argumento de que el Estado abandona su responsabilidad y deja toda la carga en estados y municipios”.
El diputado Jorge Ángel Sibaja, al presentar el dictamen a nombre de Morena, resaltó que el ordenamiento “establece que serán las entidades federativas quienes prevean los recursos para atender una situación de emergencia, tal como lo señala la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios”.
Esta última ley, recalcó, les precisa a disponer de un fondo de recursos para atender, de manera inmediata la urgencia y a reconstruir su infraestructura pública.
Detalló, asimismo que, la nueva ley “obliga a las entidades federativas a aplicar recursos cuando ocurra una emergencia o un desastre. Y solo se emitirá un acuerdo cuando dada la magnitud del evento el Ejecutivo federal considere que, en efecto, amerita la intervención del gobierno federal, como ocurrió recientemente en Acapulco”.
Es muy importante señalar que esta reingeniería permitiría una mejor comunicación y trabajo coordinado entre las entidades federativas y la federación, a través de un mecanismo de transferencia de recursos, agregó.
El diputado de MC. Álvaro Jiménez advirtió que los gobiernos municipales son los principales agraviado. “Han dejado solos a los municipios”.
Después de cerca de más de tres horas de discusión, el dictamen se aprobó en lo general e inició la discusión de 51 reservas.
Con información del periódico La Jornada