NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
La hoguera contra la corrupción que encendió la 4T tizna, pero no quema. Hierve a fuego lento. Despacito. Ahí se cocinan políticos, empresarios y personajes públicos vinculados con los gobiernos del pasado, pero la mayoría de casos no alcanza a cocinarse. Los llamados a la mesa del festín contra los corruptos mantienen prendida la alarma de la denuncia en la opinión pública, pero los escasos resultados de la FGR, junto con sus grandes anuncios de capturas de “peces gordos”, conducen a banalizar la justicia.
El gobierno de López Obrador consigue arrancar aplausos a la galería con sus constantes acusaciones de corrupción del antiguo régimen, pero no parece interesado en construir instituciones de justicia capaces de investigar el delito para prevenir y sancionarlo como pretendía la reforma de hace dos años para crear una fiscalía independiente del Ejecutivo. Con regularidad es el Presidente quien revela las acusaciones y averiguaciones en juicios mediáticos, mientras el silencio, descoordinación y fragmentación de las investigaciones confina la autonomía de la fiscalía a un terreno de aislamiento institucional.
Prácticamente cada semana se prende un nuevo escándalo, aunque sin que el reflector público alcance para descongelar los casos en los tribunales. La relación de los últimos días es notable con la captura del Góber precioso de Puebla, Mario Marín, acusado por tortura contra Lydia Cacho; la extradición del empresario Alonso Ancira, uno de los consentidos en la era del peñismo, ahora en prisión preventiva por el fraude de la operación de Agronitrogenados y presunto soborno a Emilio Lozoya y una investigación internacional sobre blanqueo de dinero en Andorra en la que figuran más de 20 “notables” mexicanos. Todos relacionados con los círculos de poder desplazados por la 4T, o de los gobiernos “corruptos del pasado”, como gusta decirles, pero ninguno de sus propias filas o del nuevo empresariado cercano.
Pero las expectativas de que algo suceda con esos casos y todos los que se cuecen en el caldero de la corrupción ha venido a la baja por los escasos resultados del fiscal Gertz. El balance de sus 700 días de gestión es negativo, a pesar de la oportunidad de poner en marcha la gran transformación de la justicia. Incluso los réditos políticos de la lucha anticorrupción se han rebajado con exculpaciones como la de Cienfuegos, tras sólo ocho semanas de investigar las denuncias de la DEA, además de otras averiguaciones endebles para aplicar la ley. La mayoría de los grandes casos de corrupción como Odebrecht u OHL, por no mencionar de derechos humanos, como Ayotzinapa, y delitos graves como las desapariciones, siguen abiertas y a visos de enterrarse.
La operación del nuevo modelo de justicia autónoma no es muy diferente al viejo esquema de subordinación al Presidente. En lugar de mejorar la capacidad de investigación, se impone la oferta de beneficios bajo figuras como el criterio de oportunidad para lograr confesiones, aunque sin desmontar tramas de corrupción y aun de dudosa eficacia como en el caso Lozoya. Es la figura que ahora puede permitir a Ancira regresar 200 millones de nitrogenados para reparar el daño y librar la cárcel. Todo ello es resultado de que en la práctica cotidiana la FGR no se dedica a los grandes casos de impacto nacional, aunque se ventilan con espectacularidad en la arena mediática. El 80% de los casos que procesa, según datos de México Evalúa, corresponden a delitos menores como la portación de armas (56.3%), narcomenudeo (18.7%) y robo de combustible (5%). El criterio de oportunidad se ha convertido en una figura oportuna, pero para no investigar; basta negociar con el acusado y recuperar el dinero de la corrupción para dar un trato preferente o liberarlo, incluso obtener información para acusar a otros.
La autonomía de la fiscalía no ha traído mayor eficacia a la procuración de justicia, más bien parece servir para justificar mayor descoordinación con las procuradurías estatales y dependencias federales como la UIF. Cada vez el número de investigaciones es menor, por ejemplo, en 2019 se redujo de 112,635 a 98,285 casos y, a pesar de ello, el rezago ese mismo año resultó mayor con 71.7% de los casos. Le quedan los grandes anuncios como si la falta de resultados pudiera remplazarse con la máxima del teatro: el espectáculo debe continuar.