En la Guardia Nacional hay llanto masivo.
No total, porque los recién incorporados se solazan en espera de mayor poder al alcance su mano, nuevas funciones y del presupuesto en puerta.
Estos son mayoría y pronto serán totalidad.
Militares recién llamados y ahora con el país a su disposición hasta 2028 porque seguirán en labores de policías, para lo cual no fueron formados.
Y los anteriores, los formados para policías, tienen pocas alternativas:
Unos podrán acogerse al retiro voluntario y, de acuerdo a su antigüedad, recibir una indemnización exigua por lustros de servicio o beneficiarse de una pensión exigua.
Otros deberán esperar la decisión de la superioridad castrense para saber si se les recluye en oscuras labores administrativas o los mandan a funciones sin trascendencia.
Y los menos, unos cuantos, utilizar influencias para salvar su empleo de policías federales en sus distintas versiones: investigaciones especiales, rondines en zonas urbanas, fuerzas de apoyo o vigilancia de carreteras.
NADA DE MEMORIAL
¿Por qué la tristeza?
Porque los superiores decidieron ocultar el memorial y el monumento de Iztapalapa a la desaparecida Policía Federal, levantados para rendir homenaje a los caídos.
Ante las inconformidades, los mandos han inventado una explicación: todo se hizo en días pasados para pulir letras, escudos y otras leyendas, pero pronto se reconstruirán.
Podrían esperar la reparación de ese recuerdo material de justicia a sus compañeros si simultáneamente no se diera otro fenómeno: se busca concentrar a personal hasta hoy intocado.
En su mayoría cuentan con licencia o comisiones en instituciones o cuerpos policiacos en estados y municipios, pero se les quiere terminar esos beneficios u oportunidad de demostrar profesionalismo.
PRESIÓN A ESTADOS
La presión es por todos lados.
El mejor ejemplo es el despido, a cinco días de su nombramiento, de Manelich Castilla como secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo por la gobernadora María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.
Será la suerte de muchos, según varios oficios firmados por el general de división Cruz Isaac Muñoz Navarro del 26 al 30 de octubre y remitido a coordinadores y directores subalternos en todo el país.
El asunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no deja dudas:
“Se solicita notificar al personal que cuenta con licencia ilimitada su asignación a la Oficina del Enlace Administrativo de la Comandancia de la Guardia Nacional”.
El control cumple la rigidez militar:
Esos coordinadores o directores regionales deberán “remitir los acuses donde notificó al integrante, a la Dirección Administrativa”, con algo más: los expedientes personales para su revisión.
O persecución.
Este ordenamiento afectará a personajes de primer nivel.
Es el caso de Salvador Cruz Neri, quien a principios de septiembre fue designado secretario de Seguridad Pública de Hidalgo por el expriista y gobernador morenista Julio Menchaca.
Aunque cabe una acotación: Julio Menchaca no es tan blando como Mara Lezama ni Salvador Cruz Neri alcanza la fama pública de Manelich Castilla, ni ha tenido la exposición del jefe de la Policía Federal con Enrique Peña Nieto.