Santiago Torreblanca Engell, legislador federal del PAN planteó reformar el artículo 10 de la Constitución Política, con el objeto de agregar que quien posea un “establecimiento, dedicado a la actividad comercial, ubicado en un inmueble”, tiene derecho a poseer armas para su seguridad y legítima defensa.
Lo anterior, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, destaca la importancia de defender los bienes más preciados de las y los ciudadanos, pero también aclara que es prudente determinar en qué lugares resulta deseable la posesión de armas.
Tiene dos objetivos principales: uno, devolver a las familias que tienen un negocio o que trabajan en uno la posibilidad de ejercer una defensa legítima y moralmente válida en contra de los abusos cometidos por criminales, para defender su patrimonio, su libertad o sus vidas, y dos, ser un mecanismo que desincentive el delito.
Señala que esta última acción se daría en dos vertientes. La primera, es el delincuente que no es profesional y no se encuentra armado, quien pensará dos veces antes de animarse a delinquir en un establecimiento mercantil, y la segunda, los delincuentes armados o con mayores capacidades de violencia, sabrán que es posible que encuentren resistencia y también tendrán miedo de perder su propia vida.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022 del Inegi, que contiene el número estimado de unidades económicas del sector privado que fueron víctima de delito durante 2021, expone que en la Ciudad de México en 75.2 por ciento de los asaltos a establecimientos mercantiles el delincuente usó arma de fuego, y en 15.2 por ciento de los comercios afectados mencionó que el ilícito fue perpetrado con arma punzocortante.
Indica que, según los empresarios, en 60.9 por ciento de los casos se trató de una persona sola y en 19.1 por ciento el ilícito fue realizado por personas pertenecientes a una banda.
Agrega que los resultados obtenidos de los comercios señalan que se registró un mayor número de extorsiones de manera presencial con 47.8 por ciento, en tanto que 37.4 por ciento sucedió vía telefónica, y el 12.2 por ciento a través de medios electrónicos.
Ante este panorama, el diputado Torreblanca Engell subraya que para la gente que tiene un negocio o trabaja en uno, esto es desolador, pues pareciera inevitable que se encuentran condenados a sufrir este tipo de ilícitos de forma constante.
Por ello, considera que debe ser perfectamente legítimo que las familias se puedan defender, recuperar su derecho a la seguridad, a la tranquilidad, a tener un patrimonio, a vivir felices y a ser libres.