El tema está agendado para el lunes próximo.
La Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé analizar el manejo de contenidos de información y el derecho de las audiencias.
La vigencia sería general, para estaciones de radio y cadenas de televisión de norte a sur, de oriente a poniente, de océano a océano del territorio nacional, de las 32 entidades federativas.
Y algo adicional:
La propuesta otorgaría derechos al Gobierno federal para designar supuestos defensores de los contenidos para proteger a quienes escuchan radio o ven y oyen televisión.
Y todavía más:
El asunto a debate por los ministros presididos por Arturo Zaldívar, tan afín al Presidente de la República, daría mayores poderes al Poder Ejecutivo.
Este determinaría los códigos de ética de las estaciones de radio y de televisión, cuyos materiales pasarían por su control antes de ser transmitidos.
CENSURA CABAL
Para los demócratas es un despropósito.
No para grupos afines al Gobierno, los cuales han llevado el tema hasta la solícita Sala Superior de la SCJN del ministro Arturo Zaldívar.
El fondo es mayor a una simple complacencia al Presidente de la República, pues la decisión determinará si se privilegia la libertad de expresión y el derecho a la información, o se opta por la censura y la cerrazón.
En teoría el dato es simple: el Poder Judicial determinará si los materiales en transmisión de radio y televisión son informativos, editoriales o comerciales.
Todo ello deberá estar sometido a defensores de las audiencias designados por el Gobierno, abierta intromisión en la política editorial de los medios electrónicos.
De nada han servido los argumentos de los adalides de la libertad de expresión, entre cuyos argumentos se encuentra el discurso presidencial sobre la mayoría de edad de los ciudadanos para no dejarse engañar.
Pero la intervención va más a fondo.
La censura oficial entraría a programas, contenidos, analistas, comentarios y demás y, con todo lo grave y peligrosos, no se quedaría ahí el ojo de las autoridades federales.
La propuesta propone dar derecho al Gobierno a aprobar los códigos de ética de las radiodifusoras y de las televisoras, una intromisión inaceptable en cualquier lógica de derecho democrático y aún mexicano.
Y si las cosas pasan por la criba judicial de Arturo Zaldívar como se teme, las medidas coercitivas estarán a la vuelta del día con la supervisión estricta del ojo del Estado:
Merecerán una sanción, a criterio de la autoridad, de 3% de los ingresos anuales del corporativo y hasta la suspensión de transmisiones.
O sea, censura cabal.
OTRO DIRIGENTE
Ayer anunciamos:
El fin de semana habrá congreso de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y uno de los temas es la renovación de la dirigencia.
Ismael Hernández Deras pretendía reelegirse como secretario general, pero las resistencias internas enfrentarán a dos candidatos: Leticia Barrera y Nabor Ojeda.
No habrá continuidad.
Habrá renovación en ese antaño pilar del sector campesino del PRI pero viciado por cacicazgos, derrotas y un priismo a la baja.