NÚMERO CERO/ EXCELSIOR
Las historias de los 136 periodistas asesinados en México en las pasadas dos décadas son de impunidad. Crímenes con un patrón basado en la equivalencia de la falta de ley, a tipo fijo, entre un reportero que investiga y la cantidad de “oro o plomo” de los poderes formales o informales investigados. Un sistema de cambio que opera en las aguas profundas de la criminalidad y que refleja la descomposición de las instituciones estatales para prevenir, investigar y sancionar el delito en el país.
La norma es que nunca hay explicación creíble desde el primer asesinato en 2000 hasta el último de esta semana contra un fotoperiodista en Zacatecas, Jaime Castaño Zacarías, o casos que se cierran con averiguaciones que nadie cree, como la de Regina Martínez, excorresponsal de Proceso en Veracruz. La moneda devaluada de la libertad de expresión y de prensa genera un mercado atractivo para silenciar periodistas y alentar cerca de 4 mil agresiones de distinto tipo en una década, como documenta artículo 19. El sistema de cambio en que se negocia la libertad de expresión se traduce en ejecuciones a bajo precio. Sin castigo.
La impunidad es el mensaje que convence de jalar el gatillo para el próximo crimen, como ocurrió en Veracruz con la docena de asesinatos que siguieron al de Regina Martínez en 2012, y que ahora un consorcio internacional de periodistas ha vuelto a investigar por la incredulidad del expediente. En el primer aniversario de su asesinato, en abril de 2013, acudí a una reunión de la directiva de Proceso con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, tras recibir al reportero Jorge Carrasco en el Mecanismo de Protección a Periodistas por amenazas como coadyuvante del Ministerio Público en la investigación: “Es tu palabra contra la mía, y la mía es la del gobernador”, le respondió Duarte al exdirector de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, cuando acusó a su gobierno y colaboradores cercanos de estar detrás del asesinato de Regina.
Las autoridades estatales justificaron el crimen por un móvil de robo de “malvivientes” en su casa, y luego algunas pesquisas sobre crimen organizado, pero nunca consideraron seguir la pista de su trabajo periodístico. Así suele suceder en todos los casos. Las carpetas de investigación se cierran con el móvil del crimen por motivos personales o pasionales, u otra ejecución en la “caja negra” del narco, y la cita al calce “se desconoce si fue resultado de su labor periodista”.
Con ese epitafio suelen sepultarse las investigaciones, salvo cuando los medios no ceden al carpetazo, como Proceso con Regina. Aunque lo que encuentran es la amenaza directa: “No ha entendido que el caso de la corresponsal ya se resolvió”, como le ocurrió a Carrasco después de que la revista publicara las anomalías de la investigación un año después del crimen.
Entonces queda la palabra de fiscales y jueces contra victimas sin defensa; operaciones de control de daños de las autoridades en la opinión pública y prestigios de periodistas manchados por procesos inconsistentes. La justicia de “mi palabra contra la tuya”, en que se amparaba Duarte sin sentir obligación de explicación legal alguna del por qué las pesquisas desecharon las criticas e investigaciones de la periodista por la corrupción de su gobierno y de su antecesor, Fidel Herrera, como líneas de investigación. No es extraña su respuesta si, como revela el último Censo Nacional de Derechos Humanos 2020 del Inegi, las policías y fuerzas del orden son las principales violadoras de los derechos humanos. Casi 70% de funcionarios sancionados en 2019 provienen de seguridad pública o vialidad municipal o estatal.
Por eso es importante el esfuerzo de 25 medios de todo el mundo en el Proyecto Cartel para dar seguimiento a investigaciones de asesinatos y agresiones contra periodistas, en el contexto de países, donde su trabajo se mueve entre la corrupción política y la violencia del crimen, el narcotráfico. La idea de mostrar que matar periodistas no acaba con las noticias e investigaciones contra poderes institucionales e informales es un buen disuasivo contra el “matar es fácil” hacia la prensa. Por lo pronto ya han conseguido tener un avance con la declaración del presidente López Obrador de reabrir la investigación del caso de Regina, el primero que ha desenterrado el Proyecto Cartel tras su lanzamiento.