El movimiento estudiantil de 1968 enarboló la bandera de las libertades democráticas. Nada más, pero nada menos. Además, fue una lucha de carácter nacional y no sólo en la Ciudad de México.
El régimen del presidencialismo despótico respondió con represión y masacre. Así fue derrotado el movimiento, pero su causa sería cada vez más fuerte y brillante.
Poco a poco, algunas libertades empezaron a ser respetadas o menos atropelladas. Asociación, reunión, manifestación, expresión, prensa, adquirieron paulatinamente carta de naturalización en grandes regiones del país. Diez años después, en 1978, se produjo una reforma política que permitió a nuevas oposiciones estar presentes en la Cámara de Diputados y se les abrió un acceso a la radio y la televisión.
Sin embargo, después de 50 años, las libertades democráticas no se pueden ejercer a plenitud. Existe una agenda pendiente. La escuela mexicana es autoritaria y no forma ciudadanos en la democracia; las universidades, en su mayoría, aún tienen formas verticales de gestión; casi todos los sindicatos son antidemocráticos, lo cual impide su libertad; abundan los contratos colectivos de protección; existen centenares de presos políticos, en su mayoría por conflictos locales lo que no cambia su significado; no se ha creado todavía un fuerte sistema de radio y televisión de Estado verdaderamente plural; parte de la prensa sigue aprisionada en el sistema de la gacetilla política y el chayote; los cacicazgos no son escasos; los fraudes electorales, entre ellos la compra del voto con recursos públicos, siguen siendo un fenómeno mexicano.
No obstante lo extenso de esa agenda pendiente, es preciso atenderla ahora en el marco de la lucha por una nueva democracia participativa. Las libertades democráticas deben ser el marco general para el ejercicio de nuevos derechos: proponer, impugnar, decidir, revocar, refrendar, rechazar.
El formalismo de la democracia, una consulta cada periodo de años, es algo del siglo XIX. Aunque en México fue preciso luchar por el voto libre durante todo el siglo XX, y a pesar de que no se ha conquistado a plenitud, hay que avanzar hacia un sistema mucho más participativo.
El tema es aún más relevante a partir del 1º de julio, cuando una mayoría de votantes fijó un cambio de rumbo político. Tratar de alcanzar a plenitud solamente la democracia formalista sería postergar el núcleo del cambio democrático cuya realización ya es mandato popular. La vieja agenda pendiente debe resolverse dentro de la nueva agenda porque ésta también contiene elementos que corresponden a las últimas cinco décadas.
Se escuchan gritos, sin embargo, que arguyen, por ejemplo, el carácter técnico de toda obra pública, para implorar que jamás debe ser motivo de consulta popular. Las construcciones requieren tecnología, sin duda, pero no son eso. Debe definirse motivo, necesidad, justificación y cobertura de costos. Por ello, toda obra pública es, ante todo, una decisión política. Las controversias sobre la realización de obras, en especial cuando esas son grandes y costosas, pueden ser consultadas a la ciudadanía, tal como si tratara de leyes de trascendencia.
¿Para qué sirve la libertad de crítica si los argumentos que prevalecen en la decisión siempre son, al final, los del gobernante? Para que esa libertad funcione tiene que existir el conducto político para impugnar y decidir: la consulta popular.
En el año de 2014, la Suprema Corte de Justicia le infringió un golpe bajo al naciente sistema de participación popular directa. Bajo consigna del Ejecutivo, ese tribunal, el más alto del país, violó la Constitución mediante su negativa a la solicitada consulta sobre la reforma energética. Esto no debe volver a ocurrir.
La revocación de mandato de los cargos ejecutivos de todo el Estado debe ser un medio nuevo para resolver conflictos políticos que se presentan con frecuencia. El derecho de elegir debe ir acompañado del derecho de revocar mandatos.
Así, todo derecho formal, tradicional, debe acompañarse con otro, su complemento, que otorgue poder funcional a la gente, es decir, que construya una nueva ciudadanía afincada en la democracia.
En el siglo XXI, ese podría ser el legado político del movimiento estudiantil de 1968.